Cuenta atrás para que
la sanidad española siga teniendo tintes socialistas durante los próximos cuatro años. Tal y como estaba previsto salvo sorpresa mayúscula, el presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, en Moncloa, que ha aceptado el encargo de
Felipe VI de formar una
mayoría parlamentaria suficiente para constituir el nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 23J y la investidura fallida del candidato del PP,
Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada. El líder del PSOE ha afirmado sentirse “
honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española” y ha añadido que asume la misión encomendada por el Jefe del Estado “con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar con un gobierno progresista” y siendo consciente de la “enorme responsabilidad que la tarea de ser presidente del Gobierno implica”.
Cabe recordar que, en su programa electoral de los comicios de julio, el PSOE anunció medidas como la
ampliación y refuerzo de la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en Odontología, Oftalmología, Fisioterapia, Psiquiatría y Psicología Clínica, así como el
establecimiento "por ley" de un tiempo máximo en las listas de espera sanitarias que limite a 15 días la espera máxima en salud mental para los jóvenes y 30 días para pruebas complementarias. Con respecto a su socio preferente, Sumar, el PSOE estaría obligado a pactar aspectos como la
reducción de la jornada laboral de los sanitarios y la
eliminación de las guardias médicas de 24 horas, propuestas del partido que lidera la actual vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz.
Cordón sanitario a la ultraderecha
Precisamente Díaz será la primera representante de los grupos parlamentarios con los que Sánchez negociará desde este mismo miércoles, con la idea de
reeditar “un gobierno progresista con Sumar”. Lo hará “con un retraso forzado de cinco semanas por la investidura fallida del candidato Feijóo”.
Excepto con Vox, al que ha impuesto un claro cordón sanitario, hablará con todos, incluido el PP, “no para recabar su apoyo” ni para apelar a lo que ha definido como “la peor de las corrupciones, el transfuguismo”, sino para proponer “que cumplan con la Constitución y
que desbloqueen el gobierno de los jueces, que lleva cinco años bloqueado como consecuencia de una actitud irresponsable".
Aunque ha reconocido que
las conversaciones “no van a ser fáciles” y que, por lo tanto, no puede aventurar todavía una fecha concreta para su investidura aun deseando que sea “cuanto antes”, sí que ha prometido “trabajar en serio” para ello:
“No voy a una investidura postiza”, ha remarcado.
“Generosidad” hacia los independentistas en pos de la concordia
Sánchez ha destacado que su “proyecto de país” para la próxima legislatura seguirá una
línea continuista, dado que “ha sido refrendado en el número de votos”, y se basará en el progreso social, la “transición a formas de producción y consumo que preserven el medio ambiente y el planeta”, y la
“convivencia entre los españoles y los pueblos de España”, en clara referencia al conflicto catalán derivado del procés.
El presidente ha sacado pecho por su política de
“convivencia y concordia”, gracias a la cual “las tensiones territoriales han cedido”, frente a la falta de apoyo de “la derecha política y mediática”, que “nunca ha aceptado la realidad territorial del país”. Aunque
ha descartado el impulso de un referéndum de autodeterminación y ha evitado referirse de forma expresa a la aprobación de la amnistía que exige Junts para respaldar su investidura, Sánchez sí que ha hablado de la “generosidad” necesaria en política. Eso sí, ha advertido de que
“todo lo que hagamos será dentro de la Constitución”.
Casi 3 millones de euros para reponer generación eléctrica en el Gómez Ulla
Antes de la comparecencia de Sánchez, un
Consejo de Ministros exprés ha dado luz verde a una inversión de
2,8 millones de euros para reponer, entre 2024 y 2025, la
generación eléctrica del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La medida se basa en el
Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, según el cual los hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de salud han de disponer de suministro de reserva. En la sesión también se ha aprobado el
incremento del 0,5 por ciento en las
retribuciones del personal al servicio del sector público incluido en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La medida se verá reflejada ya en la nómina de octubre y se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.
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