Cristina Alcalá. Madrid
El Defensor del Pueblo ha desestimado y archivado la denuncia de tres de los sindicatos que componen las reuniones del Ámbito (CSI-F, CCOO y UGT) contra el Ministerio de Sanidad por vulnerar, supuestamente, la negociación colectiva relativa a los proyectos de real decreto de unidades de gestión clínica (UGC) y de prescripción enfermera.
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Soledad Becerril, defensora del Pueblo.
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En un documento rubricado por la propia defensora, Becerril se pone de parte de la Administración central al considerar que “no existe lesión de la libertad sindical” cuando el ministerio ha llegado a pactos con actores no sindicales para la regulación futura del sector sanitario, en referencia a los dos acuerdos que el Gobierno suscribió con médicos y enfermeros en julio de 2013, y que se articulan en tres ejes fundamentales: pacto por la sanidad, regulación y desarrollo profesional y gestión clínica.
Sigue la doctrina de la Audiencia Nacional
Becerril mantiene el fallo desestimatorio dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a finales del 2014, donde se indicaba que el Ministerio de Sanidad tiene “la capacidad y la legitimidad de pactar y buscar el consenso en estos aspectos”, así como, que la “colaboración de los administrados es vital para la eficacia de la gestión”, por lo que se deben permitir las sugerencias sindicales. Las organizaciones, contrarias a la opinión del Alto Tribunal, presentaron un recurso de casación ante el Supremo en el mes de abril, del cual, aún no se conoce el fallo.
Razonamientos para gestión clínica y prescripción enfermera
No obstante, y a pesar de que el Defensor del Pueblo mantiene su postura de que no se ha “hurtado la negociación colectiva”, motiva sus argumentos de forma diferente para la gestión clínica y para la prescripción enfermera.
Para el primer proyecto, Becerril reconoce que “se trata de una norma que incide en aspectos que afectan a las condiciones de prestación de servicios del personal estatutario” y, por lo tanto, “han de ser objeto de negociación”. Sin embargo, no limita el consenso solo a las organizaciones sindicales, sino a otros actores sanitarios a los que les afecte la medida, como los Foros Profesionales de médicos y enfermeros, tal y como se acordó en el Comité Consultivo del 17 de marzo y en el Pleno del Consejo Interterritorial celebrado a finales de ese mismo mes.
Por otro lado, en cuanto a la prescripción enfermera, esta institución es tajante y afirma que “no exige que sea negociada con la representación sindical de los trabajadores”, ya que no afecta directamente a la condición laboral de los mismos, ni en la prestación de servicios, ni en la aplicación de las retribuciones, ni a los planes de formación, ni a los de acción social, ni a la provisión de plazas, ni a la regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo o descansos, entre otros aspectos.
A pesar de comunicar el archivo de su expediente, Becerril le pide que se vuelvan a dirigir a esta institución si consideran que estos asuntos necesitan un nuevo estudio.
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