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Requerimiento de incompetencia sobre aborto al gobierno de Castilla y León

El Consejo de Ministro aprobará un acuerdo para evitar “vulneraciones” a la regulación sobre interrupción del embarazo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

17 ene 2023. 09.30H
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El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación al aborto, concretamente  a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior".

Según ha infomado la Secretaria de Estado de Comunicación, este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León "incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho", que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

El Consejo de Ministros adoptará este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio realizado por el Ejecutivo autonómico para adoptar medidas sobre el aborto.


¿Qué ha anunciado Castilla y León sobre aborto?


La decisión del Consejo de Ministros llega solo un día después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtiera de que el Ejecutivo tomará todas las medidas necesarias, incluyendo las judiciales, para evitar cualquier vulneración del derecho de las mujeres. “Lo haremos sin dudar”, señaló Darias sobre una situación que compromete directamente el desempeño de los profesionales sanitarios y que cuenta con el rechazo de sociedades científicas.

En cuanto a Castilla y León, el lunes fue un día de declaraciones cruzadas entre Juan García Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco, vicepresidente y presidente de la Junta de Castilla y León, respectivamente. En ese sentido, Gallardo inició el día asegurando que el protocolo, basado en la experiencia húngara, era “de obligado cumplimiento”. Horas después, Fernández Mañueco salió al paso de la polémica asegurando que no se iba a obligar “a nada” ni a médicos ni a mujeres. Por último, Gallardo realizó nuevas declaraciones en las que afirmó que tanto la muestra de latido como la ecografía 4D se realizarían únicamente a petición de la paciente.

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