Recta final para renovar el pacto salarial sanitario entre dudas de los PGE

Hace prácticamente dos años, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y los sindicatos CCOO y UGT, suscribieron a tres bandas el llamado Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Fue el 19 de octubre de 2022. El documento, entre otras cosas, contenía una serie de incrementos salariales que, entre fijos y sometidos a variables económicas, aseguraban que las nóminas de los empleados públicos, incluidos los de la sanidad, aumentaran en un 9,8 por ciento en tres años, si se cumplían todos los condicionantes reflejados, como así ha sido. Ahora, con el pacto cerca de expirar, todas las partes están decididas a renovarlo, pero será, como mínimo, más tarde de cuando se hizo hace dos años. El objetivo es que la negociación llegue a buen puerto antes de que acabe este ejercicio. Pero el tiempo apremia.

Para sindicatos como CSIF y CCOO, parte de la culpa de que se haya llegado a estas alturas de año sin un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la sanidad pública reside en los cambios que ha sufrido el departamento ministerial de Función Pública desde que comenzó la legislatura. En noviembre, Pedro Sánchez lo siguió incluyendo en el Ministerio de Hacienda cuando anunció el reparto de carteras, pero un mes después las competencias pasaron al Ministerio de Transformación Digital, cuyo titular era entonces José Luis Escrivá.

Fue en enero cuando se gestó el siguiente cambio en el departamento: Clara Mapelli fue nombrada secretaria de Estado de Función Pública. Y pasó otro mes hasta que Escrivá se reunió por primera vez con CCOO y UGT, los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco de 2022, para comprometerse a negociar un nuevo pacto salarial. Sin embargo, los meses transcurrieron sin novedades al respecto hasta que, a primeros de septiembre, Escrivá fue nombrado gobernador del Banco de España y le sustituyó al frente del ministerio Óscar López, algo que provocó las críticas de CSIF y CCOO: "Se han perdido unos meses preciosos", dijeron.

El nuevo titular de Función Pública ya se ha reunido con estas dos fuerzas sindicales -hay que recordar que CSIF no firmó el Acuerdo Marco de 2022 al considerar que los incrementos retributivos que se contemplaban se iban a quedar cortos, como así ha sido, por los altos niveles de inflación-. También lo ha hecho con UGT. "Les expusimos qué puntos teníamos todavía pendientes del anterior acuerdo y encontramos que tenían buena predisposición", señalan desde este último sindicato a este medio. En CCOO también valoran la "proactividad" mostrada por López a la hora de "acabar con los temas pendientes del Acuerdo Marco e iniciar la negociación de uno nuevo".

En el Ministerio de Sanidad, pese a que no participa directamente en este diálogo, están confiados en que se consiga el objetivo de contar con un nuevo pacto salarial para la sanidad pública este año. En la entrevista concedida recientemente a Redacción Médica en el XIII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, el secretario de Estado del ramo, Javier Padilla, valoró el hecho de que Mapelli se mantuviera como secretaria de Estado de Función Pública a pesar de la llegada de López.

“Creo que esa es la principal garantía de que un cambio de ministro no va a suponer empezar nada de cero, sino seguir simplemente lo que ya se estaba haciendo con un cambio de interlocutor en uno de los niveles. Ya la ministra de Sanidad ya ha hablado con el ministro de Transformación Digital y Función Pública para alguna cosa que llevábamos trabajando con anterioridad, y el mensaje que se le ha transmitido ha sido de continuidad con respecto a los trabajos anteriores. Así que a ese respecto estamos bastante tranquilos, la verdad”, dijo.

La incertidumbre sanitaria por los PGE 2025

Pero no todo depende de que se firme el nuevo Acuerdo Marco a tiempo. No hay que olvidar que, para que lo contemplado en ese documento se haga efectivo, ha de incluirse de forma expresa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que toque. Es una circunstancia en absoluto baladí. El hecho de prorrogar durante este ejercicio las cuentas de 2023 -por la falta de tiempo tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre- ha supuesto que los trabajadores de la sanidad pública empezaran a cobrar con varios meses de retraso el plus fijo pactado para 2024 y el sometido al IPCA con carácter retroactivo para 2023.

El Gobierno pudo haberse adelantado a los acontecimientos incorporando ese incremento salarial en el Real Decreto-ley de medidas anticrisis que el Congreso convalidó a finales de 2023, pero no lo hizo, aunque acabó reculando en junio al añadir la medida en un nuevo RD-ley que prorrogaba las iniciativas gubernamentales para paliar la subida de precios.

Para no tener que acabar recurriendo a esa vía normativa de cara a hacer efectivo el nuevo Acuerdo Marco, si lo hubiere antes de final de año, el Gobierno tendrá que darse prisa a la hora de contar con PGE para el ejercicio 2025. Oficialmente, todavía no se ha renunciado a sacar adelante unas nuevas cuentas para no tener que prorrogar por segunda vez las de 2023, pero los últimos acontecimientos invitan, como mínimo, a alimentar la incertidumbre.

En julio, PP, Vox y Junts impidieron que se aprobara el techo de gasto propuesto por el Ministerio de Hacienda con su voto negativo en la Cámara Baja, un revés para el Ejecutivo que, si bien no impide la tramitación de una Ley de PGE, sí que pone piedras en el camino. Tras el verano, el Gobierno fechó para el 27 de septiembre el debate en pleno de la senda de estabilidad para los próximos tres años, pero, dos días antes, el Consejo de Ministros lo aplazó para evitar una nueva derrota cameral, ante la certeza de que no iba a contar con los apoyos necesarios.

Lo único cierto es que, en definitiva, el calendario sigue avanzando con los deberes acumulados sobre la mesa. De pisar el acelerador antes de que sea demasiado tarde depende, en buena parte, que las promesas en materia salarial para los profesionales de la sanidad pública dejen de ser meras palabras y se conviertan en hechos. "La negociación y el acuerdo, como los anteriores, deberían ser a varios años, y entendemos que se hará", señalan desde UGT a este periódico.

Malestar en CCOO con Función Pública

De todos los pluses salariales contemplados en el Acuerdo Marco aún vigente, faltaba por confirmar un 0,5 por ciento, que, según el pacto, depende de que el IPCA acumulado entre 2022 y 2024 supere el 8 por ciento de incrementos retributivos fijos de esos tres años. Es algo que, a falta del dato oficial de 2024, ya se consumó en 2022, cuando la inflación anual fue del 8,3 por ciento.

Sin embargo, hace escasos días desde el departamento de Función Pública se empezó a filtrar su intención de no esperar a 2025 para empezar a sumar ese último aumento a las nóminas de los empleados públicos, sino hacerlo antes de que acabe el año. Desde CCOO, en un comunicado, celebraron la medida, pero también lamentaron que desde el ministerio se optara por airearla a la prensa antes de convocar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, "como si -el aumento del 0,5 por ciento- fuera una iniciativa del Gobierno, siendo, en realidad, una consecuencia del cumplimiento del acuerdo pactado con CCOO y UGT".