Recortar en dependencia supondrá a las CCAA menor financiación del Estado

El Gobierno de España transferirá a los gobiernos de las comunidades autónomas 904 millones de euros (sin contabilizar los recursos que reciben los ejecutivos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, ya que si no sería una cantidad de 970 millones) para la financiación del nivel acordado de la dependencia del 50 por ciento. Así se ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes. Una iniciativa que nace del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, el mismo que ha presentado dicho acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo. 

Se trata de "la cantidad más alta de la historia de nivel de protección". "Recordaremos este día para las décadas como el día en el que se refundó nuestro sistema de cuidados", ha afirmado. De hecho, este mismo martes se debate la aprobación en el Congreso de los Diputados del Decreto-ley 17/2026 de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

Una norma que garantizará la financiación de la dependencia y que "cada euro que reciban las comunidades autónomas para ella, se invierta en ella". "Desde que aprobamos el Decreto-ley en el Consejo de Ministros ha habido un debate sobre cómo vamos a garantizar que la partida va a ir a donde tiene que ir. Y es que determinadas comunidades autónomas han utilizado los recursos públicos destinados a la dependencia para otros fines, empleando diferentes modelos", ha insinuado el titular de la cartera nacional.

Para evitar este 'desvío', Bustinduy ha confirmado que la norma incorpora "una cláusula que determina que si una comunidad autónoma merma su financiación de la dependencia, recibirá menos dinero por parte de la Administración General del Estado (AGE)": "Cada euro que se retraiga, significará un euro menos de la AGE".

Asimismo, ha recordado que "el nivel acordado de la dependencia es una financiación que está supeditada al cumplimiento de determinados criterios, como la reducción de las listas de espera, de los tiempos de espera o las condiciones laborales en el sector", así como que se trata de "una cuantía que se transfiere por cada usuario o prestación en el sistema, es decir, es finalista".

Objetivos presupuestarios en dependencia

Mediante los 904 millones de euros de nivel acordado que se han aprobado y la convalidación del Decreto-ley que se someterá a votación esta tarde en el Congreso "se alcanzará la cifra inédita de 5.513 millones de euros este año y 7.239 millones el año que viene". "Serán los recursos que harán posible la refundación del sistema que se vota esta tarde en el Congreso", ha apuntado.

Además, ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que voten a favor del Decreto-ley: "Ningún actor político perdió nada por sumarse a consensos como el de la Ley ELA". "Creo que cualquier postura diferente a la de unanimidad será incoherente", ha señalado.

Sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos será de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión récord que, además, es estructural y queda fijada y blindada para los siguientes años, y que, solo en lo referente al nivel mínimo, implicará que los gobiernos de las comunidades incrementarán, de media, un 98,7 por ciento sus fondos para la dependencia.