El
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea entró en vigor en España el pasado 25 de mayo. Sin embargo, pese a que está vigente, dicha
norma europea aún debe adaptarse al
derecho español mediante una
ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria, lo que ha llevado al
Gobierno a elaborar y aprobar un
Real Decreto Ley (RDL) para adecuar al ordenamiento nacional aquellas medidas que "no admiten demora", según especifica el documento del RDL.
Entre las medidas que el Ejecutivo considera que deben ser implantadas con carácter urgente se encuentran la r
egulación de la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los
procedimientos en caso de vulneración de reglamento europeo. Estos eran algunos de los aspectos que más preocupaban al
sector sanitario privado, puesto que las
multas que se contemplaban eran mucho más elevadas que las recogidas en la ley anterior y podían llegar incluso a poner en riesgo la continuidad de la empresa. De esta forma, el Gobierno establece las
pautas que se seguirán en las revisiones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos hasta que éstas se publiquen en la ley orgánica y ofrecerá, así, una hoja de ruta a seguir por las compañías para superarlas.
Otras medidas que contiene el documento son la
delimitación de los sujetos responsables de los tratamientos en los que son aplicables el régimen sancionador, la determinación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en la norma europea y las peculiaridades de los procedimientos en los casos de posible vulneración de la normativa.
El documento del
Real Decreto Ley ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y publicado en sus referencias, por lo que aún se desconocen las medidas concretas que recogerá en cuanto a las inspecciones y el régimen sancionador, para lo que se tendrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento entrará en vigor y permanecerá
regulando del derecho a la protección de datos en estos aspectos hasta la publicación de la nueva legislación orgánica de protección de datos.
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