La gran mayoría de residentes R1 de Medicina de Familia y Comunitaria
se han incorporado a sus centros en mayo, pero además de las 159 renuncias,
las unidades docentes han contabilizado 114 prórrogas en esta especialidad.
Cataluña se sitúa a la cabeza con 36, la mayoría de ellas en la provincia de Barcelona, seguida de la Comunidad de Madrid, con 16, y Castilla y León, con doce. Sin embargo, no todos los aspirantes conocen este
mecanismo para aplazar el momento de la incorporación a la unidad docente, las causas y los plazos, por lo que
puede conllevar una decisión precipitada con la renuncia de la plaza.
El Ministerio de Sanidad, mediante la Subdirección General de Formación y Ordenación Profesional,
tiene un formulario de notificación de prórroga de incorporación. Todas las prórrogas deben ser notificadas al Registro Nacional de Especialistas en Formación (RNEF), donde se especifica que el adjudicatario de la plaza de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria establecida por Orden SND/840/2022, de 26 de agosto del Boletín Oficial del Estado,
concurre una causa de fuerza mayor que da lugar a la ampliación del plazo de toma de posesión, más allá de la fecha establecida en la correspondiente resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional.
Las causas de fuerza mayor son principalmente tres: tener que obtener la
autorización administrativa que le habilite a permanecer o a ejercer la actividad laboral propia de la formación en España; la
incapacidad temporal, enfermedad o accidente; y el
permiso por nacimiento y cuidado de un hijo; además de otros motivos a especificar. Todas estas causas son
valoradas por la unidad docente correspondiente, que notifica al RNEF.
¿Cómo se gestionan las prórrogas para incorporarse?
La médica y jefa de Estudios de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central,
Laura Camps, explica a
Redacción Médica que la mayoría de causas de fuerza mayor que tienen que gestionar son
por "papeleo de trámites administrativos", ya que muchos de sus residentes proceden de fuera de España. El plazo máximo para incorporarse, que no está establecido en la normativa,
es de tres meses, por lo que la unidad docente "
decide el tiempo de la concesión de prórroga en base de cada caso y la probabilidad que tiene de incorporarse antes o después", asegura.
Aunque Camps reconoce que históricamente algunas de estas prórrogas de incorporación finalmente se acaban convirtiendo en plazas perdidas,
"la voluntad de los residentes que la solicitan es incorporarse y la mayoría lo hacen". En este sentido, a pesar de su incorporación más tardía,
desde el equipo docente "se intentan adaptar las rotaciones y realizar la formación inicial". De todas formas,
estos residentes terminarán su primer año algo más tarde la residencia para recibir el mismo contenido que el resto de sus compañeros.
Desde la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària "
se intenta acompañar mucho a los residentes en ofrecer toda la información necesaria porque nos interesa que se incorporen cuanto antes". Camps añade que "
se intenta agilizar al máximo todo lo que depende de las unidades docentes, el Departament de Salut y el Ministerio de Sanidad".
Sin embargo, residentes sumergidos en este proceso, con plaza en esta y otras regiones,
piden la creación de un departamento que pueda resolver o ayudar a asesorar con mayor inmediatez los trámites burocráticos relacionados con la inmigración y
ocupar cuanto antes la plaza adjudicada.
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