Jesús Vicioso Hoyo. Madrid
El articulado del desarrollo profesional es una de las prioridades de las sociedades de Primaria y ya se conocen algunas de las propuestas que quieren que se plasmen en el futuro y prometido real decreto, entre las que destaca que haya evaluaciones periódicas de entre cinco y siete años.
José Luis Llisterri, Josep Basora y Benjamín Abarca, presidentes de Semergen, Semfyc y SEMG, respectivamente.
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“La evaluación del desarrollo profesional (DP) en el marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) debe tener un carácter periódico”. Esta es una de las tesis contenidas en el documento consensuado por las tres sociedades científicas de Atención Primaria (AP) y que cuenta con el visto bueno de la Organización Médica Colegial (OMC), al que ha tenido acceso Redacción Médica. La Sociedad Española de Médicos de AP (Semergen), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) proponen que dicha evaluación “no sea punitiva”, sino que consistirá “en alcanzar unas competencias previamente definidas” y que, en el caso contrario, “debe asociarse a un programa de mejora”.
A este respecto, se hace hasta una sugerencia, como que “el modelo de ‘portfolio’ podría responder bien a estas características” de acciones de progreso, y añade: “En cualquier caso, la evaluación del DP en el marco del SNS debe concluir necesariamente en una propuesta individual específica de mejora con diversas opciones de acceso a actividades”, señala el ideario.
En cuanto a los indicadores que se medirán, los entes científicos apuntan a que serán definidos “de forma participativa”, aunque, eso sí, dejan caer líneas prioritarias: “Deben dar un peso importante a la práctica clínica real, y serán revisados y mejorados periódicamente de acuerdo a los resultados”. Y aunque la responsabilidad final de la credencial del DP “corresponde en exclusiva a la administración sanitaria de la comunidad autónoma”, éste tendrá validez en todo el SNS y, de ahí, que se implique “un proceso de homologación”.
Implantación con estímulos
La puesta de largo del DS, cuya plasmación normativa ha sido prometida por los responsables del Ministerio de Sanidad para antes de que concluya la legislatura, tendría que tener una contraprestación para los que se someten a ella. De ahí que en el texto de la propuesta de las sociedades de AP se escriba taxativamente que su implantación “debe venir asociada a un conjunto de estímulos”. Cierto es que no se señalan cuáles, puesto que esta idea no se desarrolla, pero sí se deja constancia de su correspondencia.
Lo que sí se desglosa con argumentos es la compatibilidad entre la validación periódica de la colegiación (VPC) y la recertificación. La primera, más desarrollada y vigente en algunos territorios, se enmarca “en el ámbito de los colegios profesionales y de la OMC” puesto que sería una evaluación periódica “para el ejercicio profesional”. Sin embargo, la recertificación atañe a la “validación periódica de la autorización para el ejercicio de una especialidad profesional” y es aquí donde entra el papel de las sociedades científicas al tratarse de su ámbito.
“La VPC (con base colegial) y la recertificación (con base en las sociedades científicas) podrán en su momento otorgar, conjunta o separadamente, las credenciales correspondientes a su autoridad respectiva, esto es, a su competencia”, señala el documento, que a renglón seguido subraya: “Las administraciones podrán o no integrar dichas credenciales en los procesos de evaluación del DP”.
Mientras que en un principio algunos presidentes de colegios profesionales dudaban de la convivencia de ambas iniciativas, lo cierto es que fuentes consultadas por este periódico manifiestan que, actualmente, la unanimidad es prácticamente palpable, puesto que se han marcado las fronteras competenciales que satisfacen a ambas esferas.
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