La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha entregado un "argumentario jurídico" a la Presidencia de Gobierno para que Pedro Sánchez garantice, vía
Real Decreto Ley, la
subida de sueldo del 2 por ciento para los profesionales sanitarios a partir de enero. "Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la fórmula", ha reivindicado
Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.
"Tenemos unos Presupuestos prorrogados desde el año 2018 y la subida de 2019 se acometió vía Real Decreto Ley. A día de hoy,
existen las mismas circunstancias de extraoridinaria y urgente necesidad", insiste Lama. "El
Acuerdo se publicó en el BOE en marzo de 2018, se trata de un acto administrativo (conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Nuestros abogados están estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales para garantizar esta subida", advierte.
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Declaraciones de Francisco Lama ante los medios de comunicación.
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La
subida salarial que se contempla en el
II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de los empleados públicos describe una subida fija del 2 por ciento a partir de enero de 2020, además de unas parte variable que puede hacer que los sueldos de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)
crezcan un 3,85 por ciento.
"Los empleados públicos han contribuido de manera notable y directa a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de
consolidación del gasto público, soportando una parte importante de la austeridad llevada a cabo en los últimos diez años",
denuncia Miguel Borra, presidente nacional de CSIF, que reivindica e
l "esfuerzo" y "compromiso" de los empleados públicos, entre los que se encuentran los profesionales sanitarios. "El Gobierno debe dar una respuesta inmediata a sus demandas", sentencia.
Argumentario jurídico
Desde CSIF señalan el artículo 86 de la Constitucción española sobre la posibilidad del Gobierno para legislar bajo la forma de
Decretos-Leyes. "Entre las materias excluidas no se encuentra esta cuestión, que afecta a las retribuciones del sector público, y que ha sido objeto de negociación y aprobación".
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"Si no se aplica la subida, se verían afectados los intereses legítimos de más de 2,5 millones de españoles al servicio de las Administraciones Públicas"
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Además, en su informe señala al
artículo 21 de la Ley del Gobierno, que "establece que el Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas"; situación actual según CSIF.
La Central también hace alusión a la decisión tomada por el Gobierno socialista en diciembre de 2018 para al
aplicar la subida de 2019 a todos los empleados públicos. CSIF señala que, en aquélla ocasión, el Ejecutivo "justificó las razones de interés general de esta medida porque de lo contrario
'se congelarían las retribuciones de todos los empleados des sector público autonómico y local, sin que existan razones políticas o económicas que justifiquen dicha situación'".
CSIF advierte que el Gobierno también lo hizo el pasado junio cuando, estando en funciones, actualizó la
subida de sueldo de los profesionales sanitarios con un
0,25 por ciento extra, sirviéndose también de un Real Decreto Ley.
"Si concurrieron entonces las premisas de interés general y de urgente necesidad, CSIF considera que ahora también se siguen dando las mismas circunstancias", reivindica el sindicato, que añade:
"Si no se aplica la subida, se verían afectados los intereses legítimos de más de 2,5 millones de españoles al servicio de las Administraciones Públicas, por lo que el Gobierno no puede ampararse en su situación en funciones ya que se da el presupuesto habilitante". Solo en sanidad, trabajan 500.000 profesionales.
Diferente color político
Desde CSIF destacan que "si las subidas se aplicaron de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos del PP y del PSOE, respectivamente, y en definitiva de diferente color político, queda acreditado que entra dentro del denominado despacho ordinario de asuntos políticos", algo de lo que ha quedado constancia en sentencias del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, creando jurisprudencia.
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La delegación de CSIF entrando a La Moncloa para entregar el informe jurídico.
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