El
Defensor del Pueblo,
Ángel Gabilondo, ha presentado este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo el informe de la institución correspondiente al año 2025, donde
la sanidad ha sido protagonista. En total, se tramitaron 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes Administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
En cuanto al ámbito sanitario, Gabilondo ha destacado dos preocupaciones de la población: las listas de espera sanitarias y
la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios. Y es que, según ha asegurado, "las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica, en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud (SNS),
siguen siendo las más numerosas".
El documento presentado se compone de
362 páginas, donde se profundiza en los principales temas que preocupan a la población española. Uno de ellos,
el derecho a la salud en los centros penitenciarios.
Falta de médicos en los centros penitenciarios
A finales de 2025, el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de
la cobertura de personal facultativo de los 15 centros que albergaban, en ese momento, el mayor número de personas privadas de libertad. Se trata de Sevilla II, Brians II (Barcelona), Quatre Camins (Barcelona), Córdoba, Topas (Salamanca), Mallorca, Granada, Huelva, Puerto III (Cádiz), Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), Madrid V (Soto del Real), Madrid VI (Aranjuez), Madrid VII (Estremera) y Valencia.
Según los datos recopilados, estos centros tienen más de 1.200 internos y suman aproximadamente
el 30 por ciento de la población penitenciaria nacional. "La dotación de médicos con la que cuentan, excepción hecha de los centros dependientes de la Generalitat de Cataluña,
resulta muy insuficiente", dictamina el informe.
El documento explica que es habitual que las relaciones de puestos de trabajo de estos grandes centros prevean la dotación de
entre ocho y diez médicos. Asimismo, "no todos los centros tienen cubierta la plaza de subdirector médico". De hecho, en algunos de ellos, "únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en
turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico".
Esos 'vacíos' se cubren con la telemedicina, "un recurso condicionado especialmente por el régimen penitenciario". Sobre el personal de Enfermería, además, "recaen muchas de
las funciones que no realizan los médicos, como la prescripción de medicación, partes de lesiones o aplicación de aislamientos".
También se producen "disfunciones en las citas médicas acordadas en centros sanitarios del SNS para las personas privadas de libertad". El informe asegura que resulta frecuente
la pérdida de dichas citas, bien porque en el momento requerido no existe conducción que traslade a las personas privadas de libertad a los centros sanitarios del exterior, o bien porque dicha conducción se demora y no es posible acudir a la hora concertada.
Salud pública y sanidad rural
La necesidad de un paciente de recibir una vacuna diferente a la adquirida por la Administración en una comunidad y, por lo tanto,
no financiada es otro tema que preocupa a la población. En el caso de la campaña de vacunación contra la gripe de la Comunidad de Madrid se menciona que un paciente presentaba una alergia a uno de los excipientes que contenía la vacuna financiada, por lo que no pudo ser administrada.
Asimismo, en 2025, el Defensor del Pueblo recibió múltiples comunicaciones de algunas Administraciones sobre la necesidad de garantizar en mejores condiciones
la continuidad asistencial de los pacientes más vulnerables cuando se produce la vacante de su profesional de Atención Primaria por un periodo prolongado o indefinido. El objetivo, asegura el informe, "es que se refuerce la continuidad de esa atención, es decir, el llamada
principio de longitudinalidad".
En cuanto a la atención pediátrica, esta institución tramitó un expediente sobre la cobertura, ante la situación de incapacidad temporal (IT) de algunos pediatras, de vacantes de centros de salud. "La Administración de la Comunidad de Madrid informó sobre la creación de
unidades zonales de atención pediátrica, para que, cada día, al menos un pediatra se desplazara al centro afectado, para atender las consultas no demorables", añaden.
También se tramitaron quejas con motivo de determinadas limitaciones que afectaban a
centros y consultorios del ámbito rural. Una de ellas concluyó con la resolución de una avería originada por la pérdida de conectividad en un consultorio local del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl). Entretanto, "se trasladó la asistencia a un centro sanitario situado en otra localidad,
sin dejar de prestar los cuidados en el consultorio". "Una vez iniciada la tramitación del expediente, se restableció toda la atención en el centro", indican.
El 'bache' de las listas de espera
Por otro lado, la sobrecarga de demanda asistencial no cubierta, con el consiguiente incremento de las listas de espera en muchos Servicios hospitalarios y de la atención sanitaria especializada, continúa siendo
uno de los problemas de más impacto para el conjunto del sistema sanitario y, sumado a ello, provoca una gran insatisfacción en los pacientes.
"Un aspecto de preocupación a resaltar es el referido a las personas que siguen pendientes de una cita para consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica, cuando su realización puede ser
determinante a la hora de calificar la aptitud para el trabajo", señalan en el documento.
Cabe reseñar "la tramitación de algunas quejas que referían las dificultades para realizar
el acompañamiento de pacientes en determinadas circunstancias durante un tratamiento hospitalario", concretamente, "la dificultad para que ambos progenitores acompañaran al paciente menor de edad en los Servicios de Urgencias Hospitalarias".
Por su parte, en general, la demora en la atención especializada, para consulta o realización de pruebas, es atribuible, frecuentemente, a la
conjunción de incidencias o permisos que afectan a las plantillas de los diferentes Servicios. Por ejemplo, ante retrasos para la consulta en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Canarias, se recibió la consideración de que se habían producido simultáneamente jubilaciones, renuncias de empleo y una baja maternal, que habían ocasionado los retrasos producidos.
Asimismo, se tramitaron quejas con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, con relación a las
listas de espera quirúrgicas, especialmente de los Servicios de Traumatología de los Hospitales Universitario de Toledo y Guadalajara. El último indicó que en esa área se había reorganizado el Servicio de Cirugía Ortopédica para reducir las listas de espera, habiéndose reducido a la mitad.
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