El grupo parlamentario de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (UP) ha presentado
este viernes una petición en el Congreso para formar una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad para
el análisis del actual sistema de innovación y acceso a los medicamentos. El texto, al que ha tenido acceso en primicia Redacción Médica, señala que este nuevo órgano deberá “proponer directrices de futuro para mejorar el acceso del Sistema Nacional de Salud a los nuevos medicamentos coste-efectivos”.
La propuesta, presentada por
Marta Sibina, diputada de En Comú Podem y portavoz de Sanidad del grupo en el Congreso, y Xavi Domènech, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, señala que “e
l precio de los nuevos medicamentos crece de manera exponencial, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de las personas a tratamientos”.
Para ilustrarlo, el texto pone como ejemplo lo sucedido con
los medicamentos para la hepatitis C y advierte de que pueden darse “situaciones muy similares con los nuevos tratamientos oncológicos”.
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"La escalada de precios puede poner en peligro la sostenibilidad no solo del SNS sino de la financiación pública de políticas de otros ámbitos"
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La adquisición de nuevos medicamentos para la hepatitis C puso en jaque las cuentas de las comunidades que l
legaron a evidenciar su enfado en el último Consejo Interterritorial después de que se imputara este gasto como déficit, incumpliendo así el compromiso del Ministerio de Hacienda. Incluso comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León, mostraron su indignación por cómo se había resuelto la situación.
Tras poner el caso de la hepatitis C como ejemplo, la iniciativa avisa de que no sólo los sistemas de salud pueden verse perjudicados por esta “escalada de precios”, sino que para UP
puede poner en peligro “la financiación pública de políticas de otros ámbitos”.
La exposición de motivos continúa alegando “f
alta de transparencia en los precios reales de transacción” y reclama que “el Estado debe introducir criterios de interés público en todas sus inversiones”. Estos criterios, a juicio de UP, deben “asegurar un retorno social y científico que a día de hoy no existe”. La propuesta también se acuerda de los países pobres y de enfermedades como
la malaria o la enfermedad de Chagas y de la resistencia a los antibióticos como focos que “siguen sin ser de interés para la investigación de la industria”.
Por último, la exposición de motivos hace
un llamamiento a cumplir la Constitución, en concreto cita el artículo 43 por el que “se reconoce el
derecho a la protección de la salud” y marca que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Plazo de 9 meses
UP marca cuatro objetivos principales para esta subcomisión:
analizar y evaluar los nuevos modelos de financiación de medicamentos y proponer directrices de futuro; desarrollar
una estrategia de transparencia en I+D con fondos públicos; plantear
el papel de España en el diseño de alternativas que favorezcan la I+D más vinculada a las necesidades de salud y apunta que
se acordarán comparecencias de expertos, representantes de autonomías, asociaciones, la industria y sociedades científicas.
En el
plazo de 9 meses, la subcomisión deberá presentar un informe que recoja el trabajo marcado en los objetivos. Para su composición propone
dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de 40 parlamentarios y un representante por cada uno del resto de grupos. Los acuerdos se tomarán aplicando el voto ponderado.
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