La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) propone una jubilación anticipada y voluntaria
a partir de los 60 años cobrando el cien por cien desde el primer momento. Eso sí, los profesionales sanitarios deberán tener
35 años cotizados a la Seguridad Social y haber trabajado durante 25 para la Administración Pública.
Esta medida, afirma el sindicato, "llevaría consigo un
rejuvenecimiento de plantillas, facilitando el acceso a los más jóvenes, con nuevas contrataciones u
ofertas de empleo público anuales o bienales. CSIF ha realizado un estudio sobre el impacto económico y el ahorro que supondría la aplicación de esta medida, al igual que se subsanarían diferencias entre profesionales con características similares. También ha analizado la conveniencia de poder solicitar y acceder a la jubilación anticipada y voluntaria de los diferentes colectivos que desarrollan su trabajo en el sistema sanitario público,
tanto funcionarios como personal estatutario y laboral.
Sin tasa de reposición, con coeficiente reductor
Este estudio se basa como
premisa esencial en la tasa de reposición del cien por cien de los efectivos que accedieran a la jubilación anticipada voluntaria. "Es el momento de reconocer por parte de las Administraciones Sanitarias, un reconocimiento y aprobación de un
coeficiente reductor, por las
condiciones laborales que vienen soportando los profesionales de la Sanidad Pública.
Entre otros estarían la
exposición de forma habitual a agentes tóxicos, peligrosos para la salud e insalubres, así como el t
rabajo a turnos, nocturnidad, fines de semana, guardias, festivos (turnos rotatorios) que tiene una repercusión demostrada sobre la salud de los trabajadores. El sindicato también señala el
desgaste psicofísico de los profesionales de la sanidad, que tiene sus consecuencias en la
salud de los trabajadores al mantenerse en el tiempo y porque no el aumento de las cargas de trabajo.
CSIF ha elaborado un informe analizando el impacto económico que se produciría si se
prejubilara a unos 20.000 médicos entre los 60 y 64 años. Según sus cuentas,
si cesan su actividad laboral de forma voluntaria con el 100 por ciento de su retribución y respetando la tasa de reposición del 100 por ciento, a
horrarían al Sistema Nacional de Salud más de 378 millones de euros.
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