CSI-F quiere equiparar las retribuciones de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) –entre ellos, del sector sanitario- con los de las comunidades autónomas y, para ello, ha comenzado con su ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
La primera reunión que han mantenido los responsables del sindicato, Francisco Camarillo y Adolfo Fernández, ha sido con la portavoz en temas de función pública del Grupo Unidos Podemos, Auxiliadora Honorato. Según le explicaron, “a lo largo de los años, se ha generado este agravio comparativo, y el personal de la AGE tiene actualmente unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales”.
Una situación que afecta a 230.000 funcionarios
Para CSI-F, esta discriminación es aún más difícil de entender si se analiza el número de efectivos afectados, ya que, en este momento, el número de trabajadores se sitúa en torno a los 230.000 y esperan una equiparación salarial.
“Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, todos los empleados públicos han sufrido además recortes añadidos en sus retribuciones, con una bajada salarial en 2010 y las sucesivas congelaciones salariales producidas, que han provocado una importante pérdida de poder adquisitivo”, ha señalado el sindicado. “Además, la carga de trabajo se ha incrementado de manera notable por la pérdida de efectivos en las plantillas”.
Asimismo, los responsables de CSI-F y Podemos también abordaron la preocupación por la ausencia de proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y coincidieron en la necesidad de retomar cuanto antes las conversaciones para evitar que se produzca una nueva congelación salarial sobre el colectivo del empleados públicos como consecuencia de la falta de presupuesto.
En este sentido, CSI-F no reconoce este supuesto de congelación salarial y entiende que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta. Además, el sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración.
Por todo ello, reclaman al departamento que dirige Cristóbal Montoro que retome lo antes posible el diálogo social y la negociación presupuestaria, de manera paralela a las actuaciones que se están llevando a cabo para resolver la crisis creada en Cataluña.
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