Los
empleados públicos, entre los que se encuentran los médicos que trabajan para la Administración General del Estado (AGE), reclaman al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que incluyan en la agenda política un nuevo
plan de mejoras laborales. Además, insisten en aumentar la
inversión para sanidad, destinando el 7 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB).
"De entrada, entendemos que el Gobierno debe diseñar un nuevo acuerdo de legislatura", aceptan desde CSIF, que se congratulan de los últimos avances: "Nos felicitamos de que haya atendido nuestras reivindicaciones y mañana mismo nos informarán de manera oficial de la
subida adicional del 0,25 por ciento que estaba pendiente".
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
Miguel Borra, ha presentado los resultados de una encuesta realizada sobre cerca de 15.000 trabajadores y trabajadoras de la AGE en la que trasladan sus principales preocupaciones: retribuciones, falta de
carrera profesional, estrés, carga de trabajo,
jornada laboral, problemas de
conciliación, seguridad y salud, así como estabilidad en el empleo.
Plan de recursos humanos
La Comisión Europea ha decidido a principios de este mes levantar la tutela sobre España y cerrar el
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CSIF reclama al Gobierno una inversión en sanidad del 7% del PIB
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expediente por el
déficit excesivo. Por ello, CSIF entiende que este nuevo escenario económico permite diseñar un nuevo plan de mejoras laborales y de modernización del modelo de Administración que debe pasar por los siguientes puntos:
Equiparación salarial entre administraciones y recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de 2010,
jornada de 35 horas semanales, desarrollo de la carrera profesional y evaluación el desempeño con criterios objetivos y pactados con los sindicatos.
Además, desde CSIF reclaman "un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de
jubilaciones que se van a producir y reforzar las plantillas donde sea necesario". En este sentido, añaden, es preciso agilizar las
ofertas de empleo público pendientes y las convocatorias de
plazas interinas.
Para ello, desde la central sindical apuestan por
profesionalizar la administración y garantizar su independencia; reforzar las competencias del Estado y los
mecanismos de inspección para garantizar la igualdad; blindar los servicios públicos para evitar la tentación de nuevas privatizaciones; garantizar una financiación pública de la Educación y la Sanidad, hasta un
7 por ciento del PIB; y
eliminar la brecha salarial.
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