Jesús Vicioso Hoyo. Madrid
Ni uno solo de los 41 aspirantes madrileños a conseguir alguno de los siete puestos en liza de la Comisión Central de Deontología (CCD) del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) han logrado el respaldo de la asamblea. La ‘avalancha’ capitalina se ha pinchado por completo en una elección con otra singularidad: cuatro de cada diez postulantes no cumplía con los requisitos exigidos.

El ente presidido por Juan José Rodríguez Sendín ha celebrado una asamblea general en la que uno de los puntos fuertes era la renovación de siete de los 12 componentes del órgano deontológico medical. Ya antes de que llegase el cónclave colegial había dos notas a tener en cuenta. La primera, el altísimo número de candidatos: un total de 69 médicos de 22 colegios. Todas las provincias estaban representadas por un solo nombre, salvo Zaragoza, con cuatro, y Madrid, con una cifra récord de 41.

Sonia López Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid.

La segunda observación, centrada nuevamente en los candidatos madrileños, ha procedido de la propia presidenta del colegio capitalino, Sonia López Arribas, quien durante la asamblea ha expuesto que no tenía conocimiento, hasta que se hicieron públicas las candidaturas, de ninguno de los postulantes, al tiempo que ha señalado que no contaban con el respaldo ni del pleno ni de la comisión permanente del colegio. Además, López Arribas, tras mostrar su sorpresa ante la ‘inusual’ cifra de candidatos de su ente, ha señalado irregularidades, como que uno de los pretendientes llevaba en las filas del Colegio de Madrid solo unos días. 

Ante la falta de este respaldo institucional expuesto y ante la duda de que éste fuese necesario, se ha consultado los procedimientos y se ha continuado con la votación, al considerarse que el visto bueno presidencial no era necesario. Eso sí, se han echado por tierra 26 de las 69 candidaturas de toda España, es decir, el 38 por ciento del total, pese a que la propia OMC informó este miércoles de que se habían comprobado “que cumplían con los requisitos establecidos”.

La sorpresa ha sido de que, al final, ninguno de los candidatos madrileños ha conseguido una de las siete sillas, que han sido para Diego Murillo Solis (Pontevedra), el único que ya estaba en el órgano, Manuel Fernández Chavero (Badajoz), Ángel Hernández (Jaén), Jacinto Bátiz (Bizkaia), Enrique Villanueva (Granada), Juan A. Pérez Artigues (Baleares) y Agustín Zamarrón (Burgos).

Análisis sobre el Patronato de Huérfanos, sobre la mesa

También ha habido un notable debate en torno al punto dedicado al análisis de la situación de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. Entre otros asuntos, se ha hablado de interpretaciones jurídicas sobre la vinculación de la cuota colegial que algunas provincias tienen frente a otros colegios donde ésta no está ligada a la contribución con la fundación. Se ha expuesto que aunque la ley de colegios finalmente no saldrá adelante, el borrador incluía la limitación de las cuotas a aspectos muy concretos entre los que no se incluye la protección social.

Ha sido un punto eminentemente informativo y de intercambio de puntos de vista sobre si se puede plantear esa desvinculación o mantener la actual situación. Entre los representantes provinciales que se han manifestado en la asamblea, la mayoría se ha mostrado partidaria de la vinculación de la cuota. Sin embargo, la unificación de posturas se ha dejado para decidirla en posteriores asambleas, ya que, a día de hoy, hay posiciones encontradas.

Declaraciones deontológicas

En otro orden de cosas, la asamblea general ha dado el visto bueno a dos declaraciones elaboradas por la Comisión Central de Deontología. Una se centra sobre la contención mecánica de pacientes, en la que se pide una reiterada evaluación de poner en práctica esta medida.

La segunda versa sobre la asistencia médica al menor en situaciones de rechazo al tratamiento, que se abordó en una asamblea anterior sin lograr el consenso necesario. Esta vez ha salido adelante, eso sí, tras un debate sobre asuntos relacionados, como el aborto en menores de edad.

El documento apunta, entre otras postulaciones, que los menores que han cumplido 16 años “estarían legitimados y capacitados para dar un consentimiento válido”, para decir, a renglón seguido, que “en casos de grave riesgo, será tenida en cuenta la opinión de los padres”.

ENLACES RELACIONADOS:

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Declaración del CCD ‘Consideraciones deontológicas sobre la asistencia médica al menor en situaciones de rechazo al tratamiento’