El total de la dotación económica prevista por el Gobierno para políticas de Sanidad para el año 2019 asciende a
4.292 millones de euros, lo que representa, respecto al ejercicio anterior, un incremento del
0,9 por ciento (39 millones de euros más), según consta en el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este lunes por la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso,
Ana Pastor, y al presidente de la Comisión de Presupuestos,
Francisco de la Torre.
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El Gobierno va a eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas con una renta inferior a los 11.200 euros al año
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No obstante, de ese
presupuesto total más de la mitad corresponde a la gestión del Mutualismo Administrativo, cuyo montante económico para este año ascendería hasta los
2.255 millones de euros, lo que supone un
incremento del 0,3 por ciento respecto al año anterior.
Sin contar con esta partida, el presupuesto en sanidad se incrementa en un 1,7 por cien, puesto que los conciertos de asistencia sanitaria del
Mutualismo administrativo para el período 2018-2019 acumularon el incremento de la prima de todo este período en 2018 incluido el incremento de 2019, según se puede observar en estas primeras
cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, que previsiblemente se enfrentarán a su primera votación el día 13 de febrero.
Muface, Isfas y Mugeju se mantienen
Volviendo a la mutualidad, la política de
Sanidad también recoge los créditos gestionados por otras entidades del
Sector Público Estatal que son responsables de la asistencia sanitaria de determinados colectivos, a través de redes asistenciales propias o mediante conciertos con otras instituciones sanitarias.
Además de la prestación de
asistencia sanitaria propiamente dicha, se recogen los créditos para la prestación farmacéutica y las prestaciones complementarias de las que son igualmente beneficiarios estos colectivos. Las entidades que conforman el
Mutualismo Administrativo absorben el volumen más importante de recursos de la política asignando a la asistencia sanitaria de su colectivo un total de
2.255 millones de euros, lo que supone un 52,5 por ciento sobre el total.
La asistencia sanitaria prestada por el
Mutualismo Administrativo ostenta el mayor peso del gasto de esta Política. Las Entidades que integran este mutalismo se distribuyen entre
Muface, que recibirá un total 1.757 millones de euros;
Isfas, que tendrá un presupuesto de 781 millones de euros; y
Mugeju, que contará con 106 millones de euros.
Este incremento, señalan, responde a la evolución del colectivo protegido y al mantenimiento de los estándares de calidad de la prestación dentro de los nuevos conciertos para el periodo 2018-2019, que incluyen incrementos significativos de la prima
fija por titular.
Confiada en su aprobación
Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha mostrado su
"enorme" confianza en que los diputados y senadores de los distintos grupos parlamentarios aprueben el proyecto de PGE.
"No me planteo que no se aprueben porque confío plenamente en la responsabilidad de los diputados y senadores y en que sus decisiones estén dirigidas a defender los intereses generales de la población", ha dicho Carcedo, tras recordar que en el proyecto de PGE se incluye la eliminación del
copago farmacéutico a pensionistas y trabajadores con hijos con rentas más altas.
Copago y Sanidad Universal
Precisamente, los presupuestos destacan también la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas de la Seguridad Social con bajo nivel de rentas y
la eliminación del copago para personas perceptoras de la prestación económica de la
Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Su eliminación beneficiará a unos 6,8 millones españoles.
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La asistencia sanitaria prestada por el Mutualismo Administrativo ostenta el mayor peso del gasto de esta Política
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En concreto,
el Gobierno va a eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas con una renta inferior a los 11.200 euros al año, así como a las familias con al menos un hijo a cargo que cobren menos de 9.000 euros anuales.
Por otro lado, destaca la normativa que garantiza la
universalidad de la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el
Estado Español mediante la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español, incluyendo aquellas que en aplicación de los
reglamentos comunitarios o convenios bilaterales tengan acceso a la misma en la forma que estas disposiciones lo indiquen.
En el nuevo modelo, al objeto de no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, se establecen criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, todo ello en virtud de lo dispuesto en la normativa nacional, en el derecho de la
Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normativa aplicable.
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