El Ministerio de Hacienda ha presentado al fin el esperado y dilatado
proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 del Gobierno, uno en el que la dotación para Sanidad se ha incrementado hasta los
4.251 millones de euros, un 3,9 por ciento más que los
4.093 millones de 2017.
Este ascenso es gracias, entre otras cuestiones, al aumento dotacional de
fondos procedentes de la Seguridad Social, que crece un 4,2 por ciento.
El volumen más importante de recursos de política sanitaria, según el documento que detalla los PGE y al que ya ha tenido acceso
Redacción Médica, corresponde al Mutualismo Administrativo, es decir,
Muface, Isfas y Mugeju, entidades que cuentan con
2.249 millones de euros,
un 3,3 por ciento más respecto al año anterior. "Este incremento responde a la evolución del colectivo protegido y al mantenimiento de los estándares de calidad de la prestación dentro de los nuevos conciertos para el periodo 2018-2019, que incluyen incrementos significativos de la prima fija por titular", indican los PGE.
Con todo y a pesar del incremento,
no cambia la proporción de los PGE que se dedicará a políticas sanitarias estatales: un 1,2 por ciento.
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El equipo del Ministerio de Hacienda. En el centro, Cristóbal Montoro, titular del departamento.
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Estrategias de Salud
En cuanto a dotaciones concretas, hay unos 5 millones de euros destinados a actuaciones para
estrategias de salud frente a enfermedades raras y para financiar programas de prevención y control “del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)”; unos 4 millones para “el fomento de la
donación y el trasplante de órganos así como la mejora de los Sistemas de Información Sanitaria, y otros 5 millones para “el desarrollo de sistemas públicos digitales y otros desarrollos de aplicaciones digitales en el ámbito sanitario y de cohesión”, es decir, para la
digitalización de la sanidad.
Por otro lado, se mantienen las partidas destinadas a la atención sanitaria de
refugiados (unos 2 millones) y los 4 millones para el
fondo de cohesión y compensación interautonómico del Sistema Nacional de Salud (SNS). El fondo de aportación a la asistencia sanitaria correspondiente a 2018 asciende a 711 millones de euros y su transferencia a las regiones se efectuará mensualmente por doceavas partes.
Mientras, los créditos asignados a Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a sus organismos autónomos (la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Organización Nacional de
Trasplantes) y a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) dentro de la política de Sanidad ascienden a 174 millones de euros por lo que el presupuesto de este Departamento en esta política crece un 1,3 por ciento respecto a 2017.
Solo se detalla el presupuesto dedicado al órgano que dirige Belén Crespo, que sube hasta los
110 millones, un 1,8 por ciento más. Por su parte, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) cuenta con unos 233 millones, un 0,9 por ciento más.
Mejoras salariales para sanitarios públicos
Por otro lado, los PGE 2018, tal y como ya indicó el propio Cristóbal Montoro, incluyen el acuerdo para la
mejora del empleo público, que aborda subidas salariales y generación de nuevos puestos de trabajo entre 2018 y 2020, también para los profesionales sanitarios, así como la posibilidad de
reducir la jornada semanal de 37 horas y media, "previa negociación colectiva".
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Cristóbal Montoro y el resto de su equipo en el Ministerio de Hacienda, durante la entrega del proyecto de PGE a Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados.
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Incremento social y dependencia
Por departamentos, al Ministerio de Sanidad que dirige
Dolors Montserrat van a parar unos
2.275 millones de euros, un 4,4 por ciento más, un incremento por encima del experimentado por la partida para políticas sanitarias. La razón de esta diferencia está en la mayor dotación a
medidas sociales que tendrá que aplicar el departamento para violencia de género y dependencia.
De hecho, el proyecto recoge para el
Sistema Nacional de Dependencia un incremento del 3,4 por ciento, con lo que su dotación alcanza los 1.401, según informa
Pablo Rodríguez. De ellos, 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado, lo que supone un incremento de 46 millones más con respecto a 2017. Dentro de esta partida se ubican los 20 millones anunciados por Ciudadanos para las
víctimas de la talidomida.
En cambios, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (
Imserso) pierde peso económico. La partida destinada a financiar programas de turismo y termalismo, así como estudios, campañas de publicidad y publicaciones relacionadas con el
envejecimiento, queda fijada en 117 millones de euros, un millón menos que el año anterior.
Aumento en I+D+i, pero no en el ISCIII
Los PGE 2018 contemplan un incremento de la inversión pública en las políticas de
I+D+i del 8,3 por ciento, hasta los 7.044 millones. Sin embargo, este aumento no se deja notar en órganos como el
Instituto de Salud Carlos III, cuya dotación se queda en los 270 millones, solo un millón más que en 2017, "destinados a financiar proyectos, programas de recursos humanos y estructuras estables de investigación cooperativa".
Sin embargo, no está nada claro que esta propuesta supere el trámite en el Congreso de los Diputados. A pesar de que el Partido Popular cuenta con el apoyo de
Ciudadanos, no logrará una mayoría sin los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), formación que se niega a darlos hasta que se anule la aplicación del
artículo 155 de la
Constitución en Cataluña.
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