Redacción. Madrid
La crisis económica que ha vivido el país estos últimos años ha tenido una clara repercusión en el ámbito sanitario. La obligada disminución de los presupuestos, unido a la limitación de recursos, ha puesto a prueba a las comunidades autónomas y a sus gestores. Cada una de ellas ha optado por unas directrices bien diferenciadas, tal como detalla un estudio de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que analiza su comportamiento desde 2008 a 2013.
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Unai Martín, doctor en Sociología de la UPV/EHU e investigador del grupo OPIK.
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Elaborado por el grupo de investigación OPIK, el estudio analiza la “gran variabilidad” en la aplicación del Real Decreto 16/2012, que supuso un antes y un después en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Para el Gobierno y el partido que lo sustentaba en ese momento, el Partido Popular, fue la “mayor reforma de la Democracia”, mientras que el resto de grupos lo rechazaron firmemente por “deteriorar la asistencia sanitaria”. Esta diversidad se refleja en su aplicación en las distintas comunidades: País Vasco y Andalucía fueron las que de manera más laxa lo respetaron. Por el contrario, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y la Comunidad de Madrid, siguieron de manera más estricta esta normativa.
Otro de los apartados que recoge el estudio es la utilización de servicios sanitarios privados. Así, la comunidad que en mayor grado se sirvió de este recurso fue La Rioja, seguida de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Extremadura y Baleares. En el otro extremo, se encuentran Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña (si bien, el sistema de esta última comunidad es muy particular debido a un modelo público-privado donde los centros concertados se encuentran dentro del sistema sanitario).
En el informe también se pone de manifiesto la tendencia generalizada, durante el periodo de crisis, de la disminución de recursos sanitarios y la financiación, donde Castilla-La Mancha y Andalucía fueron las que más ajustes llevaron a cabo, al contrario que País Vasco y Cantabria, las que menos se notó este descenso.
El grupo de la investigación apunta que aún queda por comprobar la influencia que tienen todos estos elementos en la salud de la población, las desigualdades sociales o la percepción del funcionamiento de los servicios sanitarios y falta tiempo para ello: “Los resultados se verán a largo plazo (20 años)”.
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Acceda al informe íntegro de la UPV/EHU