Podemos e Izquierda Unida han presentado el documento ‘Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos’ que recoge las medidas comunes de ambas organizaciones de cara a la confluencia que ambas organizaciones preparan para las elecciones del 26 de junio.
El documento incluye seis propuestas sanitarias que ambas organizaciones ya recogían en sus programas electorales para el 20 de diciembre, aunque precisadas de forma más concreta. El primer punto es el que tiene que ver con la financiación que se cita tanto en el apartado sanitario como al inicio del documento cuando establece el plan económico para “reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y reformar el artículo 135 de la Constitución.
En este sentido, el documento propone alcanzar una cota del 6,8 por ciento del Producto Interior Bruto para sanidad en 2019, por encima del 5,7 por ciento del programa de estabilidad actual. De hecho, la de Salud es la partida que más puntos porcentuales aumenta en relación a este plan junto con la de Protección Social que también crece en 1,1 puntos sobre lo previsto en el plan y pasa del 15,9 por ciento al 17 por ciento.
Rechazo del “repago”
Aunque no menciona de manera explícita el Real Decreto 16/2012, las medidas propuestas derogarían de facto las reformas de esta norma. Así, se propone un “acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y personas con nacionalidad española que residen en otros países” y la “defensa del carácter público del sistema nacional de salud”, aunque en este punto no incluye tampoco la derogación de la Ley 15/97, algo que sí incluía el programa de Izquierda Unida para el 20 de Diciembre.
Sí llama la atención la adopción en el documento de la palabra “repago”, un término utilizado por Izquierda Unida para referirse al copago farmacéutico. En este sentido, el texto recoge el “rechazo de la implantación del repago farmacéutico”. Cabe recordar que la única Proposición No de Ley que el grupo parlamentario de Podemos presentó en la pasada legislatura en materia sanitaria buscaba unos nuevos tramos de copago y no proponía su derogación.
En este ámbito también propone el “estudio y evaluación de la cartera de medicamentos financiados por el sistema sanitario para después proceder a su ampliación”. Por último, propone “potenciación de la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis, incrementando sus recursos para mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica”.
Dependencia
En cuanto a dependencia, el texto recoge una revisión de la Ley de Dependencia con un nuevo articulado “y cambios sustanciales acoplados al modelo 100% público siempre que sea posible”. Apunta a que, si esto no es posible, “se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común”.
En concreto propone tres medidas: “la recuperación de los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares; el establecimiento de un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas en lista de espera y Incremento del porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales y puesta en marcha de forma progresiva la universalización”.
Acceda al documento 'Cambiar España. 50 pasos para gobernar juntos'
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