La OPE extraordinaria que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas esperan celebrar a lo largo de 2019 requiere un nivel de coordinación sin precedentes y plantea una serie de interrogantes acerca de cómo se va a llevar a cabo. Poco a poco se van despejando algunas cuestiones, como la simultaneidad de los exámenes. Sin embargo, puntos como los baremos y los temarios siguen en el aire y las partes ven difícil cerrar pronto un acuerdo en relación a estos dos puntos.
“El ministerio plantea que la OPE extraordinaria sea coordinada entre todas las comunidades autónomas, pero el grado de coordinación aún no está claro”, explican fuentes de negociación. La mínima coordinación es la relativa a categorías y fechas de exámenes. A este nivel parece hay consenso, a falta de cerrar los detalles. En segundo lugar, y “si se pudiera”, se intentará alcanzar un segundo nivel de coordinación, relativo a baremos y temarios.
La simultaneidad de las fechas busca evitar el 'turismo de oposición'. “Que el que sea de Murcia no se presente en Murcia, Valencia y Andalucía”, según detallan fuentes cercanas a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En eso están de acuerdo todas las comunidades autónomas, ya que supone aligerar los procesos selectivos. En la última reunión de esta comisión, el pasado 12 de septiembre, se acordó retrasar el inicio de las pruebas sobre las previsiones iniciales hasta comienzos de 2019 para dar tiempo a coordinar las convocatorias.
También hay acuerdo, según las mismas fuentes, en cuáles son las categorías más deficitarias, por lo que el orden en el que se desarrollarán las pruebas selectivas tampoco debería ser un problema. Sin embargo, poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas en los baremos “va a ser más complicado”, ya que las parecen tener distintas prioridades y, además, "hay que negociar con los sindicatos".
A modo de ejemplo se explica que hay comunidades autónomas que parecen preferir dar entrada a nuevos profesionales en el sistema sanitario y, consecuentemente, optarían por valorar menos los servicios prestados. Y otras que, al revés, quieren premiar la experiencia y consolidar al personal con más recorrido. Estas discrepancias de “carácter político” explican cierto pesimismo, ahora mismo, a la hora de dar por garantizados unos baremos únicos. No obstante, estas mismas fuentes insisten en que aún es pronto para hablar y que este debate todavía no se ha abierto.
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