Redacción. Madrid
El Gobierno solo ha puesto en marcha tres de los ocho Registros Nacionales de Implantes (cuya creación está contemplada en la Orden SCO/3603/2003) en los últimos 11 años, tal y como le ha reconocido al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (GPUPyD) en una pregunta parlamentaria.
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
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El objetivo de esta normativa es disponer de la información necesaria para localizar a los pacientes portadores de determinados implantes sobre los que pueden requerirse medidas sanitarias en caso de urgencia, así como para contribuir al conocimiento de los resultados a largo plazo de los mismos.
En concreto, a lo largo de más de esta década, los sucesivos Ejecutivos solo han puesto en funcionamiento los Registros Nacionales de Marcapasos Implantables y de Desfibriladores Implantables, ambos gestionados por la Sociedad Española de Cardiología, y a partir de 2014, se ha iniciado el de prótesis mamarias, con un programa piloto gestionado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Este registro nacional llega tras los escándalos que hubo en torno a estos implantes unos años atrás.
El de artroplastias de cadera y rodilla, por su parte, se encuentra en fase de diseño, tal y como detalla el Gobierno al partido magenta. Un proyecto que cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera, perteneciente a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
La ley de 2003 contempla que todos los registros nacionales pueden ser puestos en funcionamiento por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o mediante un convenio con las entidades públicas o privadas que recoge el apartado tercero de la normativa.
Dificultad para crear la base de datos, el principal motivo
Los motivos de la lenta implantación de estas herramientas se deben “a la complejidad de diseñar y gestionar estos registros”, según confiesa el Ejecutivo en el escrito, “que requieren la participación y el compromiso de los especialistas de las diferentes disciplinas relacionadas con ellos”.
De hecho, son estos profesionales los que deben establecer la información a introducir en ellos y la forma de relacionarla, con el fin de poder realizar una explotación que permita obtener conclusiones sobre el comportamiento de los productos una vez implantados, asegura la Administración central.
Por ello, por su necesaria implicación, el Gobierno pide el compromiso de los sanitarios en la introducción de estos datos para que se pueda crear una base completa donde identificar a las personas que poseen un determinado implante. Y hasta el momento, el departamento que ahora dirige Alfonso Alonso, organismo encargado de mantener acuerdo con las diferentes sociedades científicas, solo ha logrado alcanzar acuerdos con los registros anteriormente mencionados.
Sin embargo, el Ejecutivo se escuda en su retraso en la “dificultad que también existe en los diferentes Estados miembros, donde se da una acusada escasez de registros”, por lo que el problema no es solo de España. En esta línea, espera que los futuros nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios introduzcan una disposición para impulsar estos registros.
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