A pesar de que la Ley de Morosidad marca los 30 días como límite para pagar a los proveedores en el sector público, este plazo no se cumple siempre. Un ejemplo es el caso de la industria farmacéutica, cuyo plazo de cobro es, de media, de unos 70 días.
De hecho, el periodo medio de pago a proveedores de la Administración Central estuvo en los 36,99 días en septiembre, casi siete más de lo legalmente establecido, según los datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en este contexto, las entidades sanitarias suponen la excepción que confirma la regla puesto que todas pagan en menos de 30 días.
Ello no implica que la demora no haya crecido en algunos casos, como el de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), cuyo periodo medio de pago se ha disparado hasta los 15,88 días, más del doble que en agosto. Este fenómeno también se puede observar en el caso de la Organización Nacional de Trasplantates (ONT), cuyo plazo subió de 3 días a 12.
También sufren incrementos en los plazos de pago del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (de 0,55 días a 3,44) y del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológica (de 3,66 días a 5,88).
Reducción de plazos
Por el contrario, algunos de los principales entes estatales del ámbito sanitario, los que más facturan entre ellos, redujeron sus plazos de pago en septiembre. El Instituto de Salud Carlos III pasó de 22 días a 20, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) de -2 días a -12 y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) de 18 días a 14.
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