Dejar atrás el pasado. Empezar una página en blanco. Esa parece ser la filosofía que
Muface, la mutualidad encargada de dotar de asistencia sanitaria a los funcionarios y a sus familiares (que en total suman a más de un millón y medio de personas) parece haber adoptado. Tras la que probablemente haya sido
la peor crisis en sus 50 años de historia, el sistema dirigido por Myriam Pallarés reformula y trata de
aplicar mejoras a su concierto sanitario. Los contratos para reforzar su sanidad en zonas rurales o la búsqueda de ‘inspectores’ para comprobar que se cumplen sus prestaciones sanitarias
son algunos ejemplos. Ahora Muface da un nuevo paso, y
reformula las competencias relacionadas con el ámbito de la salud. Para ser más concretos,
delega gran parte de su ‘poder’ fuera de Madrid.
Muface ha sobrevivido a su propia crisis sanitaria. Un fenómeno que,
durante más de siete meses, colocó al modelo de Pallarés en una oleada de dudas en el que el destino de la mutualidad se encontraba, casi a diario, en una cuerda floja. Resistió tras más de 200 días, y dio paso a una era de reconstrucción.
En ese escenario, el de una
reforma interna, es en el que tiene lugar el último paso de Muface. El Boletín Oficial del Estado (
BOE) se alza como el encargado de dar luz a la última novedad que rodea a la mutualidad: los
cambios en el liderazgo de sus competencias sanitarias.
Los cambios en las competencias de Muface
Muface da un giro a la estructura de competencias de 2022. Así lo indica el documento estatal, que cuenta con la firma de la directora general de la mutualidad,
Myriam Pallarés, y comienza haciendo una referencia directa al
papel de las delegaciones provinciales. “En aras de garantizar una mejor eficiencia en la actividad administrativa y evitar conflictos de competencia, se hace preciso concretar el Servicio Provincial oportuno para
resolver las reclamaciones sobre cumplimiento de los conciertos de asistencia sanitaria”, apunta la resolución del BOE.
Esa es una de las claves del cambio. No la única. Son varias y de diversa índole las que comprenden esta etapa de
Muface. Por ejemplo, y en lo que se refiere a su eficiencia financiera, el modelo señala que “se ha detectado la necesidad de dictar una nueva resolución que amplíe las competencias delegadas en los titulares de los Servicios Provinciales y de Ceuta y Melilla, al objeto de que puedan proceder a la
autorización del gasto de que se trate a pagar mediante el Anticipo de Caja Fija, por resultar conveniente para mejorar la eficiencia en la gestión de competencias de la mutualidad”.
Estas dos claves son la base de este capítulo de Muface. Una reorganización que, no obstante, llega con más novedades. Para empezar, en lo referente a la
gestión de reclamaciones y conflictos, estas competencias serán de las comunidades, y es que serán las direcciones de los servicios provinciales, en unión
con la Comisión Mixta, las que decidirán sobre estas demandas relacionadas con el concierto. Esto se traduce en que las oficinas delegadas no tendrán potestad para resolver estos conflictos.
Otro de los puntos clave es el del
reparto de prestaciones sanitarias. Por un lado, en lo que se refiere a los tratamientos especiales, el Departamento de Prestaciones Sanitarias será el encargado de resolver el expediente, si bien el pago efectivo lo realizará el Servicio Provincial correspondiente.
Las
prestaciones sanitarias de Farmacia también afrontan un giro. En cuanto al
ámbito hospitalario, los Servicios Provinciales serán los encargados de esta gestión, así como del pago -que no tendrá sin límite de cuantía (exentos de la autorización previa de 50.000 euros-. Además, en lo que se refiere a la
Farmacia Ambulatoria, las comunidades autónomas resolverán los casos que exijan visado.
En lo que se refiere a las
prestaciones complementarias, como la gestión de ayudas para prótesis, salud dental o bombas de insulina, entre otras, esto pasa a ser competencia provincial.
El listado de cambio de competencias prosigue. Los distintos territorios se encargarán de resolver y pagar los subsidios por incapacidad temporal.
Asimismo, en lo que se refiere al
control médico, la facultad de admitir o denegar
solicitudes de reconocimiento médico queda en manos de las provincias. Las mismas que tendrán la potestad de declarar la incapacidad permanente parcial y solventar expedientes por enfermedad profesional o, en su caso, accidente en acto de servicio.
El
control de Muface dispone, por lo tanto, de varias reglas. La primera, un
límite de 50.000 euros, y es que cualquier pago de las provincias que supere esa barrera requerirá de una autorización previa de la centra (salvo en el caso de Farmacia Hospitalaria). Además, en el caso de que una oficina provincial no sea capaz de ejercer estas funciones al carecer de recursos, la Dirección General de Muface tiene la potestad de habilitar otra oficina para que realice estas tareas.
Otro de los datos que destaca es que, en el
caso de que un responsable tenga un conflicto de interés, el expediente pasará directamente a la Dirección General.
Muface da pie así a un cambio de era. Una nueva etapa que llega, precisamente, tras su
crisis sin precedentes, y en un año con una hoja de ruta definida. Un plan que,
como ya avanzó Redacción Médica, cuenta con la implantación total de la receta electrónica concertada, la vigilancia al sector asegurador, o el fomento de determinados medicamentos, entre otros.
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