Cristina Alcalá. Madrid
Unos 2.920 profesionales sanitarios recuperarán los días libres de vacaciones por antigüedad y los de asuntos propios, conocidos como ‘canosos’, anunciados el pasado viernes por el Gobierno, según las estimaciones que barajan los sindicatos CESM y CSI-F y consultados por Redacción Médica.
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
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Se trata del 90 por ciento de un colectivo integrado por 3.245 personas que ejercen en los organismos vinculados a la Seguridad Social y a Defensa, es decir, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Red Hospitalaria de Defensa, tal y como registra el último Boletín Estadístico del Personal Funcionario al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda.
Beneficios que se restituyen por el Gobierno
Dentro de su paquete de reformas de la Administración Pública, el Gobierno ha prometido restituir, de forma inmediata, una serie de derechos de los que se beneficiaban los funcionarios, también sanitarios, antes de 2012, como otro porcentaje de la paga extraordinaria devengada y los días de libre disposición y descanso, que van de seis ‘moscosos’ en total y para todos, a dos o tres ‘canosos’, dependiendo de la antigüedad.
En concreto, se trata de seis días al año de permiso por asuntos particulares que recibirán todos los sanitarios, sin importar el tiempo que lleven trabajando (conocidos como ‘moscosos’); y de dos días por asuntos particulares por antigüedad para aquellos que han cumplido el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en uno más por cada trienio cumplido a partir del octavo los llamados ‘canosos’. En cuanto a las vacaciones, los trabajadores de la Administración General del Estado tendrán derecho a 23 días al año a los 15 años de servicio; 24 días a los 20 años; 25, a los 25 años; y 26 días a los 30 ejerciendo.
Plantillas sin renovación en años
“La gran mayoría de los sanitarios funcionarios se beneficiarán de la medida ya que estas plantillas no se han renovado en muchos años a través de Ofertas Públicas de Empleo (OPE)”, explica a este diario Fernando Molina, responsable de sanidad de CSI-F.
Sin embargo, lamenta que esta medida no se aplique al resto de sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que “sus nóminas dependen de las comunidades autónomas”, remarca, porque son las encargadas de aplicar o no la medida en función de su disponibilidad presupuestaria. En concreto, más del 99 por ciento de los trabajadores que ejercen en la sanidad pública del país (unos 299.472 funcionarios) tendrán que esperar a que los gobiernos autonómicos tomen la misma decisión que el Estado central.
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