Moncloa redobla su apuesta por la sanidad universal con un nuevo decreto
El Plan de Integración de migrantes anunciado por Sánchez contiene medidas para homogeneizar el acceso al sistema
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Europa Press).
30 jun 2026. 14.00H
POR MANU IBÁÑEZ
El Gobierno refuerza su apuesta por la sanidad universal a través del Plan de Integración y Ciudadanía presentado este martes por Pedro Sánchez para el marco temporal 2026-2030. La estrategia estará dotada de 505 millones de euros durante su primer año de vigencia, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo en un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) al que, entre otras autoridades, ha asistido la ministra de Sanidad, Mónica García, como representante de uno de los diez departamentos gubernamentales que han participado en el plan. El plan se compone de cuatro ejes y 16 medidas, entre las que se hallan el “acceso universal efectivo” al Sistema Nacional de Salud (SNS). En pos de ello, el Gobierno quiere impulsar un nuevo Real Decreto para homogeneizar los procesos de inscripción en el sistema, la obtención de la tarjeta sanitaria y la continuidad asistencial.
“No hay integración posible sin regularidad”, ha promulgado Sánchez. La estrategia sobre sanidad universal se integra en el cuarto de los pilares en los que se divide el Plan de Integración, cuyo objetivo es “garantizar la ciudadanía plena mediante el acceso efectivo a los derechos”. El Gobierno sostiene que la integración “sólo es real cuando las personas migrantes pueden acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos -como la educación o la sanidad-, o una vivienda asequible, eliminando barreras administrativas, sociales o culturales que dificultan su plena participación”.
Según el documento, el acceso a los servicios públicos “tiene efectos positivos concretos para la sociedad que van más allá de la población inmigrante”. “Las barreras que limitan el acceso a los servicios públicos generan exclusión, y fracturas sociales que afectan al conjunto de la sociedad y a la cohesión social”, se aduce al respecto. Por ello el Ejecutivo defiende que, cuando el acceso a los servicios públicos es “real” y “no meramente formal”, “se reducen las desigualdades, se fortalece la confianza en las instituciones y se construye un marco común de pertenencia basado en derechos y obligaciones compartidas”.
Este cuarto pilar del plan contiene cinco medidas: refuerzo educativo y lucha contra la segregación escolar, mecanismos contra la discriminación en el acceso a la vivienda residencial, garantía del derecho efectivo al empadronamiento, garantía del derecho a la inclusión financiera y acceso universal efectivo al SNS.
El Gobierno se compromete a impulsar iniciativas “para asegurar que todas las personas puedan acceder de manera efectiva a la atención sanitaria, superando barreras administrativas, lingüísticas y culturales que dificultan la utilización de los servicios del Sistema Nacional de Salud”. El Ejecutivo ya dio un importante paso en este sentido cuando, en marzo, aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto que suprimió las barreras burocráticas que, desde 2012, impedían o dificultaban la atención sanitaria a migrantes indocumentados en España.
En el documento presentado por Sánchez se recuerda que, según el informe ad hoc elaborado por el Ministerio de Sanidad y presentado a primeros de junio, las personas inmigrantes hacen un menor uso “en términos generales” del sistema sanitario, por lo que la atención universal ni satura el SNS ni conlleva un mayor gasto público. Para seguir la estela de sus últimas medidas migratorias, el Gobierno se compromete a abordar “específicamente” la homogeneización de los procesos de inscripción en el sistema, la obtención de la tarjeta sanitaria y la continuidad de la asistencia, “garantizando el derecho a la salud conforme a la normativa vigente”.
Para ello, anuncia, se articulará un proyecto de Real Decreto “con consulta pública” y se reforzará el Real Decreto-ley de 2018 que regula el acceso universal al SNS. “Se hará de forma coordinada entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas competentes, con protocolos claros de identificación, derivación y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad o migrantes; campañas de información multilingüe sobre derechos y procedimientos; y formación del personal sanitario en atención intercultural”, reza el documento. Cabe recordar que el proyecto de Ley de Universalidad del SNS impulsado por Sanidad casi al inicio de la legislatura lleva congelado en el Congreso más de dos años: desde mayo de 2024, el plazo para que los grupos parlamentarios registren enmiendas a la totalidad ya acumula casi 80 prórrogas.
Según el Ejecutivo, “la evidencia” muestra que este tipo de medidas tienen “efectos positivos para el conjunto de la sociedad”. Además, sostiene que esta política “refuerza la equidad en el acceso a la salud, contribuye a la eficiencia del sistema sanitario y garantiza la integración plena de la población migrante en el derecho fundamental a la protección de la salud”. Como prueba de ello se citan “diversos estudios” elaborados en Estados Unidos que “han demostrado que facilitar el acceso de personas migrantes al sistema de salud lleva a mejores indicadores de salud en los bebés nacidos de mujeres inmigrantes, y a una reducción de las visitas a urgencias, mejorando la calidad global del servicio del sistema sanitario”.
La iniciativa gubernamental choca de plano con el concepto de prioridad nacional enarbolado por Vox como bandera ideológica en los últimos meses. El partido ya ha registrado y defendido en las Cortes varias iniciativas defendiendo el acceso prioritario a los servicios públicos de españoles, principalmente, pero también de migrantes regularizados, aunque las propuestas no han recibido casi nunca el apoyo del resto de grupos parlamentarios. El PP sí votó a favor de la última Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox en el Congreso tras lograr que los de Santiago Abascal aceptaran una enmienda que hablaba de la “prioridad de arraigo”. No hay que olvidar que la defensa de la prioridad nacional es uno de los pilares de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
“No hay integración posible sin regularidad”, ha promulgado Sánchez. La estrategia sobre sanidad universal se integra en el cuarto de los pilares en los que se divide el Plan de Integración, cuyo objetivo es “garantizar la ciudadanía plena mediante el acceso efectivo a los derechos”. El Gobierno sostiene que la integración “sólo es real cuando las personas migrantes pueden acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos -como la educación o la sanidad-, o una vivienda asequible, eliminando barreras administrativas, sociales o culturales que dificultan su plena participación”.
Según el documento, el acceso a los servicios públicos “tiene efectos positivos concretos para la sociedad que van más allá de la población inmigrante”. “Las barreras que limitan el acceso a los servicios públicos generan exclusión, y fracturas sociales que afectan al conjunto de la sociedad y a la cohesión social”, se aduce al respecto. Por ello el Ejecutivo defiende que, cuando el acceso a los servicios públicos es “real” y “no meramente formal”, “se reducen las desigualdades, se fortalece la confianza en las instituciones y se construye un marco común de pertenencia basado en derechos y obligaciones compartidas”.
Acceso homogéneo al SNS y continuidad asistencial
Este cuarto pilar del plan contiene cinco medidas: refuerzo educativo y lucha contra la segregación escolar, mecanismos contra la discriminación en el acceso a la vivienda residencial, garantía del derecho efectivo al empadronamiento, garantía del derecho a la inclusión financiera y acceso universal efectivo al SNS.
El Gobierno se compromete a impulsar iniciativas “para asegurar que todas las personas puedan acceder de manera efectiva a la atención sanitaria, superando barreras administrativas, lingüísticas y culturales que dificultan la utilización de los servicios del Sistema Nacional de Salud”. El Ejecutivo ya dio un importante paso en este sentido cuando, en marzo, aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto que suprimió las barreras burocráticas que, desde 2012, impedían o dificultaban la atención sanitaria a migrantes indocumentados en España.
En el documento presentado por Sánchez se recuerda que, según el informe ad hoc elaborado por el Ministerio de Sanidad y presentado a primeros de junio, las personas inmigrantes hacen un menor uso “en términos generales” del sistema sanitario, por lo que la atención universal ni satura el SNS ni conlleva un mayor gasto público. Para seguir la estela de sus últimas medidas migratorias, el Gobierno se compromete a abordar “específicamente” la homogeneización de los procesos de inscripción en el sistema, la obtención de la tarjeta sanitaria y la continuidad de la asistencia, “garantizando el derecho a la salud conforme a la normativa vigente”.
Integración plena de migrancias y eficiencia del SNS
Para ello, anuncia, se articulará un proyecto de Real Decreto “con consulta pública” y se reforzará el Real Decreto-ley de 2018 que regula el acceso universal al SNS. “Se hará de forma coordinada entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas competentes, con protocolos claros de identificación, derivación y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad o migrantes; campañas de información multilingüe sobre derechos y procedimientos; y formación del personal sanitario en atención intercultural”, reza el documento. Cabe recordar que el proyecto de Ley de Universalidad del SNS impulsado por Sanidad casi al inicio de la legislatura lleva congelado en el Congreso más de dos años: desde mayo de 2024, el plazo para que los grupos parlamentarios registren enmiendas a la totalidad ya acumula casi 80 prórrogas.
Según el Ejecutivo, “la evidencia” muestra que este tipo de medidas tienen “efectos positivos para el conjunto de la sociedad”. Además, sostiene que esta política “refuerza la equidad en el acceso a la salud, contribuye a la eficiencia del sistema sanitario y garantiza la integración plena de la población migrante en el derecho fundamental a la protección de la salud”. Como prueba de ello se citan “diversos estudios” elaborados en Estados Unidos que “han demostrado que facilitar el acceso de personas migrantes al sistema de salud lleva a mejores indicadores de salud en los bebés nacidos de mujeres inmigrantes, y a una reducción de las visitas a urgencias, mejorando la calidad global del servicio del sistema sanitario”.
Choque con la prioridad nacional de Vox
La iniciativa gubernamental choca de plano con el concepto de prioridad nacional enarbolado por Vox como bandera ideológica en los últimos meses. El partido ya ha registrado y defendido en las Cortes varias iniciativas defendiendo el acceso prioritario a los servicios públicos de españoles, principalmente, pero también de migrantes regularizados, aunque las propuestas no han recibido casi nunca el apoyo del resto de grupos parlamentarios. El PP sí votó a favor de la última Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox en el Congreso tras lograr que los de Santiago Abascal aceptaran una enmienda que hablaba de la “prioridad de arraigo”. No hay que olvidar que la defensa de la prioridad nacional es uno de los pilares de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
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