Médicos y políticos valoran la reforma sanitaria y 'constitucional' del PP

Este jueves, el Tribunal Constitucional emitía un fallo novedoso en el que afirmaba que el Real Decreto 16/2012 que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dispuso para la contención del gasto sanitario se ajustaba a la Carta Magna. El alto tribunal entiende que la reducción de la asistencia sanitaria a personas sin permiso de residencia, aunque estuvieran empadronados, se realizó en un contexto económico que ponía en juego la estabilidad de la sanidad pública.

José Ignacio Echániz, diputado y responsable sanitario del Partido Popular, valora el fallo como la prueba “de que salvamos una sanidad que en 2011 estaba en quiebra”. “España era el mayor enfermo de Europa y había que hacer reformas porque, de no haberlas hecho, no tendríamos un sistema sanitario como el de hoy”, asevera.

El dirigente no renuncia a reconocer que “la travesía fue muy complicada” pero ha logrado “ordenar el sistema, el turismo y la cobertura sanitarias”. Entre los éxitos de las políticas populares, Echániz destaca que “se ha mejorado la universalidad, con 800.000 tarjetas más; un millón de parados ya no pagan medicinas; se han incorporado 160 fármacos innovadores; y se ha puesto en marcha un calendario vacunal único”. En resumen: “Hoy el sistema es más fuerte, sostenible y eficiente”, sentencia el representante.

Desde el PSOE, en cambio, la decisión del TC la entienden como “un impulso” para seguir defendiendo su ambición “por blindar el derecho a la sanidad en la reforma constitucional”. Así lo explica el senador socialista José Martínez Olmos, que entiende el fallo como la prueba de que “no es inconstitucional cambiar los criterios de acceso a la sanidad”. De ahí la necesidad, en opinión del PSOE, de reformar la constitución para que esto no sea posible. “Hay que lograr que el acceso al sistema sanitario sea por el mero hecho de ser ciudadano”, matiza Olmos.

Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), explica que la decisión del Tribunal Constitucional no les parece “ni bien ni mal”. Una tibieza que se entiende cuando matiza que “había cosas con las que estábamos de acuerdo en el Real Decreto y otras con las que no”. Bien es cierto que una de las que más controversia causó entre la profesión fue los cambios en el acceso universal a la sanidad: “Uno de los puntos que más criticamos”, asegura Miralles. En este aspecto, el representante sindical reconoce que están “a favor de una reforma constitucional que blinde la sanidad”. “No deja de ser el pacto que tantos años llevamos reclamando”, concluye.