Redacción. Madrid
Médicos de Administraciones Públicas representados a través de la Vocalía Nacional de la Organización Médica Colegial, que lidera Antonio Fernández-Pro, han decidido dirigirse a la Defensora del Pueblo para que medie en el reconocimiento de sus derechos sobre la carrera profesional, tal como se ha acordado en la recién asamblea celebrada en la sede de la OMC.
Este colectivo reclama que se acabe, "de una vez por todas", con el agravio comparativo al que está expuesto en relación al resto de profesionales sanitarios, como ha explicado Fernández-Pro al término de la reunión en la que, además, se abordaron otros temas la problemática de la precariedad laboral, la situación de los médicos forenses, y la doble cotización. También, se les dio a conocer a los asambleístas las dos últimas declaraciones de la Comisión Central de Deontología sobre contención mecánica de pacientes, y sobre la asistencia al menor en situaciones de rechazo al tratamiento.
Sobre la problemática de la carrera profesional, que se lleva trabajando hace meses desde la Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones públicas, su representante nacional ha lamentado el escaso avance logrado, pues sólo "hemos detectado un leve movimiento por parte de la Administración, a través de la Mesa de la Administración General del Estado, convocada para mediados del mes de julio". "Desde esta vocalía se ha solicitado que en esta mesa en la que también participan los sindicatos, que han sido muy receptivos, se aborde la problemática que sufren los médicos funcionarios con la carrera profesional".
Es por ello que se ha acordado llevar a cabo una serie de iniciativas, según ha afirmado Fernández-Pro. Además de acudir a la Defensora del Pueblo, también se va a trasladar la problemática al presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, "para que solicite el apoyo y movilización de todas las vocalías provinciales de los colegios de médicos".
El representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas ha insistido en que "nuestro principal objetivo no es tanto percibir la remuneración económica correspondiente por dicha carrera, dadas las circunstancias, como la obtención de la concesión de ese derecho a la carrera profesional que tienen nuestros colectivos de médicos, muchos de ellos minoritarios, y otros en situación precaria".
Una situación que, como ha indicado, "afecta a la mayoría de funcionarios que dependen de la Administración central del Estado", teniendo en cuenta que existe una base legal que da derecho a este colectivo a aspirar a una carrera profesional, admitida por el estatuto básico de los trabajadores, además de estar recogida en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias" y en la propia Ley de Cohesión.
Precariedad laboral
La precariedad laboral es otra de las principales preocupaciones de este colectivo, que fue analizada desde dos vertientes, según ha explicado Fernández-Pro. "Por un lado, el desamparo al que se enfrentan muchos de nuestros compañeros cuando, tras un evento negativo en su vida, pretenden regresar a la vida laboral y se encuentran sin una suficiencia económica al haber arrastrado contratos en precario".
A ello se suma, ha añadido, "el adelgazamiento de manera incontrolada de plazas de médicos en los sistemas públicos de salud o de la función pública", que nace, a su juicio, "con la reposición de tasas de puestos de trabajo cero que hemos tenido en muchos de los estamentos, denunciamos la situación para evitar que se debilite el sistema público". "La no reposición de plazas es, en opinión de Fernández-Pro, una forma inexcusable de que se vaya debilitando el sistema, independientemente de la presión asistencial o laboral que se pueda sufrir en el entorno de la función pública".
Esta problemática, según ha avanzado, será abordada en la próxima Asamblea colectiva entre las secciones de Hospitales y Atención Primaria prevista para el próximo otoño.
En la reunión del pasado viernes se ha analizado, asimismo, el futuro de la especialidad de Medicina Forense al no figurar como tal en el Real Decreto de Troncalidad. Se habló sobre el papel que va a tener el Consejo General de Forenses, cuando se desarrolle, así como la Comisión Nacional de la Especialidad sobre esta cuestión.
Como ha recordado Fernández-Pro, "tras los nuevos cambios normativos, los interinos podrían verse perjudicados a la hora de presentarse a unas oposiciones, además de no poder incorporarse a las bolsas de trabajo correspondientes. Desde esta vocalía se teme que se genere "un cisma similar al que sucediera en su día con el título de médico de familia y los pre-95".
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