Cristina Mouriño / Lorena Martínez / Ricardo Martínez. Madrid
Una vez concluido el plazo dado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las comunidades autónomas para presentar las alegaciones al plan para armonizar la atención a los inmigrantes irregulares, el requisito que exige un empadronamiento de 6 meses ha sido uno de los asuntos que más debate ha generado, ya que algunas autonomías han defendido la posibilidad de reducirlo a tres.

Jesús Sánchez Martos y Encarnación Guillén, consejeros de Madrid y Murcia.

El Ministerio ha fijado en seis meses el periodo de empadronamiento necesario, si bien no es una imposición, “ya que las competencias corresponden a las comunidades por lo que si alguien determina ese tiempo en tres meses en vez de seis, está en su derecho”, según aclaraba el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. Pese a que la intención del departamento de Alfonso Alonso era homogeneizar y cohesionar esta asistencia, la realidad es que cada comunidad va a proceder a su modo, dificultando así la equidad en el acceso de este colectivo a la asistencia sanitaria.

En este contexto, comunidades gobernadas por el Partido Popular se han mostrado favorables a esta reducción del plazo. Es el caso de Murcia y la Comunidad de Madrid. La primera lo ha hecho constar en sus alegaciones, mientras que en Madrid lo insinuó el director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, Julio Zarco, a su salida de la Comisión de Prestaciones.

La Consejería de Sanidad de Galicia, también gobernada por el Partido Popular, ha afirmado que en el último Consejo Interterritorial presentó al Ministerio el Programa Gallego de Protección Social de Salud Pública, ya que el departamento que lidera Alfonso Alonso tenía interés en conocer el programa gallego para tenerlo presente a la hora de elaborar el plan ministerial. En lo relativo al tiempo de empadronamiento que se exige a los inmigrantes irregulares, el plan gallego, al igual que el del Ministerio, lo establece en seis meses (183 días).

El PSOE solo apoya derogar el Real Decreto 16/2012

José Martínez Olmos y Jesús Fernández, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha.

“El posicionamiento del PSOE con respecto a la asistencia a inmigrantes irregulares no ha cambiado”, ha asegurado a Redacción Médica José Martínez Olmos, portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Preguntado sobre si considera una buena opción la posibilidad de reducir de 6 a 3 meses el periodo de empadronamiento, Martínez Olmos ha señalado que “en el plan ministerial no hay buena opción porque no garantiza la universalidad”. “Nuestra postura pasa por la derogación del Real Decreto 16 /2012”.

En este sentido se han manifestado las Consejerías de Andalucía y Castilla-La Mancha. Tal y como han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha “la comunidad no está de acuerdo con las propuestas del ministerio. Queremos la derogación completa de Real Decreto 16/2012 y queremos que la sanidad sea pública y universal”.

Por su parte, la secretaria de Salud y Consumo del PSOE andaluz, María Gámez ha explicado que “Andalucía, desde 1.999, presta a asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que cualquier ciudadano andaluz”. “No hemos puesto ningún límite en cuanto al empadronamiento porque consideramos que es una nueva cortapisa del Gobierno central en el acceso a la asistencia”, ha añadido. “Entendemos que no hay ningún criterio que justifique esta limitación”, ha concluido.

Particulariades entre las comunidades socialistas

Mientras que Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana se han decantado por apoyar la reducción del empadronamiento a tres meses, Asturias y Baleares han establecido sus propios criterios. Aragón establece, además, no tener ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, 15.975 euros anuales, y no poder exportar la asistencia sanitaria de su país de origen.

María Luisa Real y Carmen Montón, consejeras de Cantabria y Comunidad Valenciana.

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado a Redacción Médica que mantendrá el programa de protección que impulsó el anterior gobierno y que establecía en tres meses el periodo mínimo de empadronamiento de los inmigrantes.

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón,  anunció el pasado mes de julio que los sin papeles gozarían de las mismas prestaciones que los españoles en la autonomía. Las condiciones para acceder a la cobertura serán llevar tres meses empadronados en un municipio de la comunidad autónoma y no tener un seguro privado.

Asturias ha decidido renovar el sistema que ya mantenía aun con la aprobación del RD 16/2012 de tal modo que los ciudadanos extranjeros en situación irregular sin recursos económicos empadronados en la comunidad pueden acceder a la asistencia sanitaria bajo la solicitud previa en su centro de atención primaria sin que el periodo de empadronamiento sea un requisito para ello.

En Baleares, el ejecutivo liderado por Francina Armengol  incluyó en el sistema de salud pública balear el  pasado mes de julio a unos 15.000 extranjeros que residen irregularmente en las islas. A pesar de que los requisitos no establecen la necesidad de empadronamiento, desde el gobierno sí estipulan la necesidad de solicitud por parte de los usuarios mediante una declaración jurada, del tal modo que se les facilita un documento con una validez de 12 meses renovables.

Cataluña exige una declaración jurada de los inmigrantes

En Cataluña, los inmigrantes  podrán ser atendidos gracias a la puesta en marcha de una tarjeta específica de un año de validez y renovable. Para acceder a este documento, deberán acreditar su identidad con al menos tres meses en el padrón municipal correspondiente, pero también deberán acreditar con documentación o una declaración jurada, que no tienen ingresos suficientes como para pagarse la atención sanitaria privada.

Jesús Morera y Jon Darpón, consejeros de Canarias y País Vasco.

País Vasco y Canarias exigen un año de empadronamiento

El Servicio Vasco de Salud comenzó a distribuir en noviembre de 2014 una tarjeta individual sanitaria, que tiene validez únicamente en la región y deben acreditar un año de empadronamiento continuado y tener unos ingresos inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos.

En Canarias, los inmigrantes irregulares asumen ciertas restricciones de acceso a la sanidad, como por ejemplo, la necesidad de presentar un empadronamiento superior a un año de duración o de no superar un nivel salarial mínimo por mes. No obstante, el consejero, Jesús Morera, ya se ha comprometido a modificar tal procedimiento.

Navarra mantiene el sistema que ya estipuló tras el RD 16/2012

El gobierno navarro cuenta desde 2013 con una legislación propia y  garantista en comparación con la del ejecutivo central. Procedimiento que el nuevo consejero de Salud, Fernando Domínguez, se ha comprometido a mantener, de tal modo que el único requisito que se les pide a los inmigrantes en esta situación para acceder a la tarjeta sanitaria es estar empadronados, sin condiciones temporales al respecto.

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Acuerdo de mínimos para los ‘sin papeles’ (03/09/15)