Luz verde al proyecto que refuerza la dependencia con la sanidad como eje
Tras su aprobación en la Comisión de derechos sociales ahora deberá superar la votación ne el Congreso
Pablo Bustinduy, ministrro de derechos Sociales.
09 jul 2026. 19.40H
POR MÍRIAM GONZÁLEZ
La Comisión de Derechos Sociales ha dado luz verde este jueves, con 20 votos a favor y 17 en contra, al dictamen del proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La iniciativa ha salido adelante con el rechazo de Vox y del Partido Popular. La norma, que sitúa la atención sanitaria como uno de los pilares del sistema de dependencia, continúa ahora su tramitación parlamentaria y deberá someterse a una nueva votación en el Pleno del Congreso de los Diputados antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.
El Proyecto de Ley incorpora un enfoque garantista en el ámbito sanitario, con el objetivo de reforzar la accesibilidad universal y la equidad dentro del Sistema Nacional de Salud para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Uno de los aspectos destacados de la norma es su tratamiento de la salud mental, donde apuesta por un modelo de atención centrado en la dignidad de la persona y libre de contenciones físicas o químicas. Además, establece que cualquier intervención deberá contar con el consentimiento libre e informado del paciente y prohíbe el internamiento involuntario por motivo de discapacidad, salvo en situaciones de extrema urgencia vital.
El dictamen también refuerza el papel de la salud pública y la prevención mediante el impulso de planes integrales que abarcan desde la atención temprana y el consejo genético hasta la asistencia pediátrica y geriátrica. Para garantizar una atención más coordinada, la norma apuesta por una mayor integración sociosanitaria. Para ello, contempla la creación de sistemas comunes de acceso a la información que faciliten el intercambio de datos entre los servicios sanitarios y los organismos responsables de la valoración de la dependencia y la discapacidad.
Esta iniciativa llega apenas unas semanas después del anuncio de una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia, una reforma que plantea que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50 por ciento de la financiación del sistema.
Si la modificación sale adelante, se establecería un nuevo marco de financiación que reforzaría la participación del Estado en la cobertura de los costes. La medida se articularía a través de un decreto ley que contempla una inversión de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas hasta 2027.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la reforma permitirá mejorar la respuesta del sistema de dependencia y reforzar la atención tanto a las personas usuarias como a sus familias Además, también explicó que la medida persigue tres objetivos: reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los cuidados y dignificar la labor de quienes prestan apoyo a las personas dependientes.
El sistema sanitario, un elemento clave en el apoyo a la dependencia
El Proyecto de Ley incorpora un enfoque garantista en el ámbito sanitario, con el objetivo de reforzar la accesibilidad universal y la equidad dentro del Sistema Nacional de Salud para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Uno de los aspectos destacados de la norma es su tratamiento de la salud mental, donde apuesta por un modelo de atención centrado en la dignidad de la persona y libre de contenciones físicas o químicas. Además, establece que cualquier intervención deberá contar con el consentimiento libre e informado del paciente y prohíbe el internamiento involuntario por motivo de discapacidad, salvo en situaciones de extrema urgencia vital.
El dictamen también refuerza el papel de la salud pública y la prevención mediante el impulso de planes integrales que abarcan desde la atención temprana y el consejo genético hasta la asistencia pediátrica y geriátrica. Para garantizar una atención más coordinada, la norma apuesta por una mayor integración sociosanitaria. Para ello, contempla la creación de sistemas comunes de acceso a la información que faciliten el intercambio de datos entre los servicios sanitarios y los organismos responsables de la valoración de la dependencia y la discapacidad.
Blindaje a la financiación del sistema de dependencia
Esta iniciativa llega apenas unas semanas después del anuncio de una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia, una reforma que plantea que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50 por ciento de la financiación del sistema.
Si la modificación sale adelante, se establecería un nuevo marco de financiación que reforzaría la participación del Estado en la cobertura de los costes. La medida se articularía a través de un decreto ley que contempla una inversión de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas hasta 2027.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la reforma permitirá mejorar la respuesta del sistema de dependencia y reforzar la atención tanto a las personas usuarias como a sus familias Además, también explicó que la medida persigue tres objetivos: reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los cuidados y dignificar la labor de quienes prestan apoyo a las personas dependientes.
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