Redacción. Sevilla
Los universitarios andaluces de titulaciones no sanitarias podrán hacer por primera vez prácticas académicas externas en los sistemas públicos sanitario y de servicios sociales. Esta posibilidad, hasta ahora sólo vigente en el ámbito de la salud, se extenderá a los estudiantes de otras disciplinas y también a todos los centros e instituciones dependientes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Para hacer posible la iniciativa, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio marco entre este departamento, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y las diez universidades públicas andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide de Sevilla e Internacional de Andalucía).

La colaboración aprobada beneficiará especialmente a ramas como el Derecho, el Trabajo Social, la Arquitectura y las ingenierías, entre otras. Junto con hospitales y centros de salud, la oferta global de prácticas abarcará también centros residenciales y de participación activa para personas mayores, así como otros servicios sociales relacionados con las discapacidades o la atención a colectivos en riesgo de exclusión. Con ello se responde al incremento de formación práctica que exige el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, así como al hecho de que deba desarrollarse en entornos laborales relacionados con las distintas titulaciones de Grado, Master y Doctorado.

El convenio marco, que se firmará próximamente para su implantación en el curso 2015-2016 y tendrá una vigencia de ocho años, regula las relaciones de cooperación educativa entre las universidades y los centros y servicios; determina las labores de los tutores de prácticas y de los académicos, y establece el proceso que debe seguir cada institución académica para la solicitud, selección, determinación y duración de las prácticas académicas.

En líneas generales, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales facilitará anualmente a las universidades la relación de estructuras de gestión y servicios de su ámbito que pueden ser utilizados en la formación del alumnado. Por su parte, los centros académicos aportarán a la Administración autonómica toda la información relativa a sus necesidades de plazas, incluyendo carga docente en horas y créditos, extensión en días, número de alumnos de cada una de ellas y proyectos formativos que realizarán en cada unidad, servicio o área solicitada.

Asimismo, entre otras previsiones, el convenio recoge la creación de una comisión de seguimiento, el compromiso de que las prácticas sean accesibles para los estudiantes con discapacidad y la cobertura del alumnado con los seguros.