Lorena Martínez. Madrid
El envejecimiento de la población y la incorporación de la conocida generación del ‘baby boom’ a las dos últimas décadas de la vida pueden suponer un riesgo para el mantenimiento del Estado de Bienestar tal y como ahora lo conocemos. Con el fin de asegurar su mantenimiento y mejora en el medio y largo plazo, se ha firmado este miércoles la alianza de organizaciones científico-profesionales, cuyo principal objetivo es mejorar el diálogo social y la participación ciudadana promoviendo los cuatro pilares básicos de una sociedad: sanidad, servicios sociales, educación y pensiones.

El pacto engloba a las principales entidades profesionales de todos estos sectores, como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (OMC), el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), el Consejo de Trabajo Social o el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE).

El Presidente de la SEGG, José Antonio López Trigo y el Secretario General de la OMC, Manuel Garrote Díaz, en un momento de la firma.

“Tenemos el compromiso de mejorar los canales de participación con el Estado e implicar a la ciudadanía en la política, devolverles la ilusión”, ha apuntado el presidente del SEGG José Antonio López Trigo, quien explica que la única forma de lograrlo es a través de una “vocación multidisciplinar” como la que presenta este pacto, en el que los españoles de a pie tendrán una labor protagonista. "Vamos a llevar esta alianza a la ciudadanía que es quien debe decidir cómo quiere que sea su Estado del Bienestar”, ha apuntado. En este sentido, el Secretario General de la SEGG, Alfredo Bohárquez ha anunciado que está prevista una “gran reunión social con las organizaciones ciudadanas” después de los meses de verano.

Por su parte, el presidente de Facme, Carlos Macaya cree que se deben aprovechar “las experiencias de profesionales y ciudadanos” para, no solo mantener, sino también mejorar el modelo asistencial. Además, Macaya señala a la prevención como eje transversal de las políticas preferibles, un factor que, en palabras de Manuel Garrote, Secretario General de la OMC, “podría paliar el gasto sanitario hasta en un 80 por ciento”. A este respecto, la Presidenta del Consejo de Trabajo Social Ana Isabel Lima, menciona que la atención previa puede evitar la futura “exclusión social” y propone desde su organismo el desarrollo de una ley orgánica de servicios sociales que garantice la universalidad y derribe la desigualdad por motivo de residencia.

La desigualdad autonómica se postula como principal problema

La inequidad territorial es una de las principales preocupaciones que este conjunto pretende abordar. Según López Trigo “estamos asistiendo a situaciones de desigualdad que rayan lo anticonstitucional. En función de donde estás eres”. Fernando Chacón, vicepresidente del COP, considera que se trata de “un problema político desde el que es muy complicado coordinar ayuntamientos y comunidades” y Macaya califica la situación como “la desvertebración de España”.

Los diferentes portavoces comparten su optimismo ante el nuevo acuerdo, que dio sus primeros pasos el pasado mes de junio y que ejercerá la presión necesaria para reivindicar la presencia de los distintos grupos sociales en los órganos consultivos.