Hiedra García Sampedro. A Coruña
Los diferentes partidos políticos están de acuerdo en la necesidad de incrementar la resolución de la Atención Primaria, otorgando a los profesionales la oportunidad de gestionar con autonomía sus cupos y agendas y participar en las decisiones sobre presupuestos y recursos humanos. Pero el modelo de gerencia única que se está desarrollando en algunas zonas de España no está ayudando a esta potenciación de la Atención Primaria sino a diluirla a favor del hospital, como así han comentado los representantes de los partidos políticos en una mesa celebrada en el XXII Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
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Jesús Aguirre (PP), Gaspar Llamazares (IU), Daniel Álvarez, (Ciudadanos), Benjamín Abarca (SEMG), María Puerto Gallego (PSOE), María José Vílchez (Podemos), Enrique Normand (UPyD), Juan José Rodríguez Sendín (OMC) y José Manuel Solla (SEMG).
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Los maestros de ceremonias han sido Benjamín Abarca, presidente de SEMG; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y expresidente de SEMG, y José Manuel Solla, expresidente de SEMG; y han intervenido, por parte del Partido Popular, Jesús Aguirre; por el Partido Socialista, María Puerto Gallego; por Izquierda Unida, Gaspar Llamazares; por Unión Progreso y Democracia, Enrique Normand; por Podemos, María José Vílchez y por Ciudadanos, Daniel Álvarez.
Según ha comentado Enrique Normand (UPyD), la gestión clínica supone la participación de los profesionales en las decisiones estratégicas pero las comunidades tienen “versiones diferentes”, “por lo que nos da miedo que exista una Atención Primaria de dos velocidades”. En este sentido, la representante de Podemos asegura que en algunos casos “es tan importante la opinión del profesional, que son los únicos que deberían tener la capacidad de decidir”.
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María Puerto Gallego, Jesús Aguirre, Daniel Álvarez, María José Vílchez, Enrique Normand, y Gaspar Llamazares.
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“Es importante que el profesional se sienta parte de la propia empresa”, ha comentado Jesús Aguirre (PP), quien va a más, y ha asegurado que es necesario “despolitizar” la figura del gestor. La gestión clínica que se está planteando descarta que las unidades tengan personalidad jurídica propia, como así asegura Daniel Álvarez (Podemos), sin embargo, rechaza que este modelo se realice “de acuerdo a una privatización y fragmentación”.
Para Gaspar Llamazares (IU) realmente es un “modelo de privatización transversal”, asegura, porque además se ha llevado a cabo “como una medida economicista”. “Debemos innovar en modelos de gestión pública”, comenta. Pero también, para mejorar el modelo, es necesario que el profesional esté “motivado e incentivado”, subraya por su parte la representante del PSOE, María Puerto Gallego.
Aunque los representantes de los partidos políticos han estado de acuerdo en que Primaria es el eje del sistema sanitario, no ven claro su integración en las áreas únicas de gerencia, porque creen que se diluye la AP en favor del hospital. “No están demostrando efectividad y hay que reevaluarlas”, asegura Vílchez (Podemos). “Se ha alejado la toma de decisiones y concentrado en un organismo meramente burocrático”, sentencia por su parte Daniel Álvarez (Ciudadanos).
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Benjamín Abarca y Juan José Rodríguez Sendín.
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En otro aspecto en el que han coincidido los partidos es la necesidad de aumentar la tasa de reposición y situarla en un cien por cien (o más) debido a “la sobrecarga de trabajo en AP”, según Gallego (PSOE), pero puntualiza que “no se puede contratar de forma precaria”. “No se puede quedar solo en reponer las plantillas en un cien por cien sino mejorar las condiciones laborales del personal sanitario”, subraya Llamazares (IU).
Mayor polémica ha surgido durante la mesa de debate cuando se ha planteado la pregunta sobre derogar o no el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes. Para el PP, es una normativa “magnífica” que ha conseguido “distribuir el copago para que sea más solidario” y un ahorro de 4.500 millones de euros, porque no “se acumulan los medicamentos y además se ha evitado el turismo sanitario”, según Jesús Aguirre (PP). El PSOE asegura que no es así, y que el decreto ha “empeorado el sistema nacional de salud” y le ha convertido en un “modelo de aseguramiento”. “Hay que recuperar la universalidad del sistema, anular copagos y reconsiderar la cartera de servicios”, según Vílchez (Podemos). Daniel Álvarez, de Ciudadanos, afirma en este sentido que “la sanidad debe basarse en la condición de ciudadano residente”.
Todos los partidos políticos han criticado que las decisiones tomadas en el seno del Consejo Interterritorial finalmente no sean vinculantes y sea cada comunidad autónoma la que luego decida si implanta las medidas o no. Por esta razón, apuestan por darle mayor poder para garantizar una homogeneidad y una equidad dentro del Sistema Nacional de Salud.
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