Redacción. Madrid
Los organismos públicos de investigación (OPI), como el Instituto de Salud Carlos III, y las agencias públicas de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han dejado de percibir fondos de financiación desde 2009 por valor de 2.192 millones de euros en el caso de los primeros en su conjunto, y de 1.150 millones en el caso de este último, lo que demuestra el perfil de baja inversión en I+D+i en España durante los años de crisis económica.
Estos datos han sido puestos de manifiesto durante la divulgación de un informe que estudia los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que elabora, cada año, la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), y que en esta ocasión ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de la capital a partir de la partida estatal aprobada para 2015.
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De izq. a dcha.: José de No, Carlos Andradas y José Molero.
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El estudio, elaborado por los expertos del Instituto de Estudios de la Innovación (Irein), José Molero (Universidad Complutense de Madrid) y José de Nó (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en efecto incluye un análisis exhaustivo de las partidas de los PGE destinadas a Ciencia.
De acuerdo con el documento publicado, en cifras globales el presupuesto para 2015 crece un 4,24 por ciento. (Este año, como los precios se supone que no crecerán, no tiene sentido deflactar los datos: valores corrientes y constantes se pueden considerar los mismos). Aunque haya ese pequeño crecimiento en la cifra global, el aumento se destina a fondos financieros, con un objetivo específico, con lo que no puede decirse que haya un aumento real de la inversión en ciencia y casi tampoco en innovación.
Aumento de los fondos financieros
Mientras los fondos no financieros se reducen en siete millones de euros, los financieros aumentan en 267,70 millones de euros (7,17 por ciento), de los cuales 220 millones de euros son para préstamos encuadrados como investigación industrial militar (aunque pueda ser de doble uso), lo que representa un aumento de los fondos financieros en Defensa del 64,13 por ciento. Esto consolida lo que en los últimos años parece haberse hecho habitual: menos subvenciones y más préstamos.
“Ello significa, primero, dificultad o imposibilidad de acceso de los centros públicos y universidades y, segundo, la más que probable no ejecución de buena parte de los mismos, con lo que se sigue reproduciendo la ficción de un presupuesto destinado en una parte importante a no ser gastado”, concluyen los autores del informe.
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