El
Ministerio de Sanidad ha sellado este lunes el acuerdo del
nuevo Estatuto Marco con la mayoría de los sindicatos presentes en el
Ámbito de Negociación. Con este pacto, la ministra
Mónica García pone punto final a tres años de intensas negociaciones que culminan en una renovada Carta Magna de la sanidad española. “Es un día grande para nuestro sistema de salud”, ha asegurado la ministra, quien ha afirmado haber tenido en cuenta todas las reivindicaciones sindicales. Sin embargo, la voz opositora no ha tardado en tomar fuerza.
Los sindicatos médicos han reiterado que la nueva norma resulta insuficiente para atender las necesidades de los facultativos, por lo que mantienen el paro indefinido y la manifestación unitaria convocada para el
próximo 14 de febrero. Por su parte, el sindicato de clase
CIG-Saúde también se ha desmarcado del acuerdo al considerar que el nuevo Estatuto no cumple las condiciones exigidas en aspectos clave como la jubilación, las retribuciones y la jornada laboral.
La oposición médica al nuevo Estatuto Marco
El Sindicato Médico de Euskadi ha sido el primero en aclarar que los colectivos médicos no han formado parte de la firma del nuevo Estatuto Marco. Asimismo, el Comité de Huelga, integrado por la
Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), ha expresado su profundo malestar por lo ocurrido este 26 de enero. Su respuesta ha sido clara: se mantiene la huelga médica indefinida, así como las manifestaciones convocadas.
“A juicio del Comité, esta escenificación del acuerdo viene a reforzar lo que se lleva tiempo denunciando: que el Ámbito de Negociación no permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la
profesión médica, ya que el acuerdo se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos presente en la mesa (CESM)”, han denunciado. En este sentido, han lamentado la escasa representación médica en las negociaciones, un hecho que, a su juicio, “solo refuerza la necesidad de una interlocución directa para negociar las
condiciones laborales de los médicos”.
Además, los facultativos han querido puntualizar algunas de las afirmaciones realizadas por la ministra de Sanidad, quien ha afirmado que, a pesar de no existir un
Estatuto específico para la profesión médica, sí se les ha dedicado un capítulo propio, pero esto es erróneo. “Lo que se regula de manera específica son las
guardias -y de manera muy insuficiente y discriminatoria para las reclamaciones médicas y facultativas-y no las condiciones laborales de los profesionales, por lo que la reivindicación principal del colectivo sigue siendo la de contar con una norma propia que permita una negociación directa de las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad de médicos y facultativos, ya que la
reclasificación profesional aprobada no las tiene en cuenta”, sostiene.
En la misma línea, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha afirmado que este escenario refuerza la necesidad de contar con un Estatuto Médico y Facultativo propio, una reivindicación que, aseguran, “no va a parar”. Así lo ha señalado su secretaria general,
Ángela Hernández, quien ha subrayado que el acuerdo definitivo “nace” sin el respaldo de los médicos y “perpetúa” las peores condiciones para este colectivo, entre ellas el mantenimiento de la jornada complementaria, ahora denominada jornada de guardia. “No estamos en contra de las mejoras que recoge el anteproyecto para otras categorías, pero nos parece completamente
insuficiente para médicos y facultativos”, ha insistido.
Hernández también ha expresado su convicción de que el nuevo Estatuto no tendrá “
ningún recorrido parlamentario” y ha reiterado la disposición del colectivo a “establecer un auténtico diálogo” con el objetivo de
mejorar las condiciones del sistema sanitario.
La negativa de CIG a la propuesta de Sanidad
Por su parte, CIG también ha mantenido su oposición a la propuesta de Sanidad, al considerar que deja sin garantías aspectos clave para el personal sanitario. En materia de
jubilación, critica que la jubilación parcial no esté asegurada y que la anticipada quede supeditada a futuras reformas y negociaciones, lo que mantiene una “deuda histórica” con la sanidad pública. En cuanto a la
clasificación profesional, denuncia la ausencia de mejoras salariales y sostiene que una reclasificación sin impacto económico es insuficiente.
También rechaza la propuesta ministerial de aplazar la negociación retributiva a un futuro acuerdo sin fechas ni garantías de aplicación. Respecto al
personal investigador, lamenta que sus propuestas no se hayan incorporado al texto final. Por último, advierte de que la regulación de la jornada laboral sigue siendo confusa y no da respuesta a reivindicaciones como el reconocimiento de las
guardias localizadas.
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