Los médicos 'enmiendan' la LOPS para delimitar diagnóstico y prescripción

El pasado 17 de marzo, el Ministerio de Sanidad inició los trámites para actualizar el sistema de clasificación profesional del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, ese mismo día, el departamento liderado por Mónica García abrió una consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) con el objetivo de, así, actualizar un texto con fecha de hace más de 20 años a las necesidades actuales de la sanidad española. 

Gracias a esta adaptación, se cumple así uno de los asuntos principales abordados en el anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que contempla la necesidad de acercar la norma al día a día de los profesionales. Por lo pronto, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) y Satse ya han compartido mediante comunicado las claves de sus aportaciones al texto, aunque el plazo para participar en el diseño previo del mismo termina el próximo 16 de abril.

Los apuntes realizados por Apemyf, agrupación integrada por 16 organizaciones médicas de todo el Estado como Metges de Catalunya, Simega o la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), se fundamentan en cinco bloques. En primer lugar y como eje principal de sus aportaciones, reclaman una delimitación de competencias profesionales.

Competencias profesionales "delimitadas" en sanidad

Según indican, la ley debe garantizar de forma expresa “la reserva de funciones clave como el diagnóstico, la prescripción y los procedimientos invasivos para médicos y facultativos, evitando interpretaciones expansivas derivadas de cambios académicos”. En este sentido, exigen que “cualquier ampliación competencial se someta a garantías estrictas de seguridad, con un marco claro de responsabilidad y el derecho del paciente a conocer la cualificación profesional que le atiende”.

Asimismo, piden “coherencia con la normativa europea”. Y es que solicitan “alinear la reforma con la legislación europea para evitar desequilibrios en el reconocimiento de cualificaciones y prevenir situaciones de dumping profesional”. Insisten en que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior “no supone una equiparación de competencias entre profesiones sanitarias”, es decir, “compartir nivel académico en el Meces o el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) no habilita para realizar actos clínicos complejos como el diagnóstico, la prescripción o los procedimientos invasivos, que siguen ligados a la titulación de origen”.

Eso sí, Apemyf apoya el refuerzo de la formación continuada, pero advierte de que “las acreditaciones no deben sustituir ni equipararse a las especialidades médicas ni habilitar competencias reservadas”.

Por otro lado, la agrupación considera imprescindible abrir un proceso de diálogo real con organizaciones profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes antes de la aprobación del texto. Todo ello para llevar a cabo una modernización de la LOPS, apuntan, que "debe reforzar y no debilitar los pilares del sistema sanitario, garantizando la calidad asistencial, la seguridad clínica y una clara delimitación de responsabilidades profesionales”.

Cumplir con el borrador del Estatuto Marco

Desde otro punto de vista profesional, las consideraciones realizadas sobre texto de Satse hacen hincapié en que la LOPS “respete el modelo de clasificación profesional ya acordado en el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario” (todavía no aprobado en Consejo de Ministros) y “no posibilite una mayor diferenciación entre categorías profesionales del sistema sanitario que perpetúe el agravio discriminatorio que enfermeras y fisioterapeutas vienen sufriendo desde hace años”.

“Las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas permanecen, desde hace quince años, en una clasificación profesional dentro de la Administración Pública, el subgrupo A2, que no les corresponde”, señalan en su comunicado. Según matizan, “acabar con esta situación de discriminación fue una de las principales demandas del sindicato en la negociación del Estatuto Marco y, finalmente, se ha conseguido una nueva clasificación que aúna la consideración del nivel que corresponde a cada titulación en función del MECU y el nivel de titulación de especialista en Ciencias de la Salud exigido para al correspondiente categorías”.

Así, continúan, “todas las enfermeras y fisioterapeutas, es decir, graduados y antiguos diplomados, se encuadrarán en el nuevo grupo 6 de clasificación profesional, junto con el resto de las categorías a las que se les exige una titulación universitaria de 240 créditos ECTS, mientras que las enfermeras especialistas, a las que se les exige dos años de formación para ser especialista, estarán encuadradas en el grupo 7 junto con disciplinas a las que se les exige 300 créditos ECTS pero no se les pide ningún tipo de especialización para acceder a su categoría estatutaria”.

No obstante, el Sindicato de Enfermería muestra su rechazo a “los intereses particulares de un colectivo sanitario específico”, que provoca que “se estén barajando nuevos criterios para un reconocimiento que beneficiaría a determinados grados”. “Nada les parece suficiente y pretenden realizar un giro radical que nos pondría en la misma casilla de salida”, reiteran.

Otra demanda que le trasladan al Ministerio de Sanidad es que la LOPS preserve los conceptos que definen a las profesiones sanitarias como garantía de calidad asistencial, desarrollo profesional y seguridad del paciente. En este sentido, recalcan la idea de actualizar las funciones de todos los componentes del equipo sanitario, pero “preservando la etiqueta de profesión sanitaria regulada a los conceptos mencionados y a las competencias básicas que en la definición de cada profesión sanitaria se explicitan”.

También plantean al departamento estatal que se articulen herramientas normativas que posibiliten trasponer todo lo que el redactado del Estatuto Marco permite a enfermeras y fisioterapeutas, para alcanzar puestos directivos e investigadores. Asimismo, destacan la importancia de cohesionar el marco normativo aplicable (nacional y europeo) en materia de ordenación profesional sanitaria en el conjunto del SNS, y que se garantice que todas las disciplinas sanitarias universitarias que accedan a la formación especializada en Ciencias de la Salud cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo, actualización de programas y posibilidad de revisión en el número de años de formación y capacidad de desarrollo a través de las Áreas de Capacitación Específicas (ACE).

Quedan siete días para que termine la consulta pública iniciada por Sanidad. A partir de ese momento, el equipo de García estudiará las aportaciones puestas encima de la mesa y presentará un borrador de un texto que podría marcar un antes y un después en la clasificación profesional de los sanitarios españoles.