Redacción / Imagen: Cristina Cebrián. Salamanca
Los gobiernos autonómicos abren paso a nuevas fórmulas de contratación pública tanto de tecnología innovadora como de otras clase de productos en el sector de la salud, a tenor de lo esgrimido durante la última sesión del III Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria que ha organizado Sanitaria 2000 en Salamanca con la colaboración de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH).

Los ponentes han coincido en su visto bueno a las nuevas posibilidades normativas comunitarias con relación a esta clase de compra flexible entre las empresas privadas y las administraciones.

Galicia apuesta por la compra pública innovadora.

En este contexto, el gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Antonio Fernández-Campa, ha revelado que el Sergas ya ha adjudicado 31 expedientes (de 33 anunciado) de compra pública innovadora y algunos de adquisición pública precomercial como biomarcadores.

“Aproximadamente 30 millones de euros se están dedicando a ello de los 90 totales destinados a financiar esta clase de proyectos, lo que incluye la financiación de gastos de personal y mantenimiento”, ha señalado.

En este método de compra, el Sergas ha entablado un “diálogo técnico” con un centenar de empresas privadas, universidades y otras instituciones en el que han recogido más de 300 ideas: “De ellas, el 56 por ciento ha sido considerado adecuado a las necesidades del servicio regional; un diez por ciento se ha desestimado y el 56 por ciento se han considerado adecuadas para encajarlas, o bien en nuestro programa InnovaSáude, o bien en el proyecto Hospital 2050”, ha revelado.

No existen tantas trabas administrativas como se presupone

Preguntado por la supuesta desconfianza de la administración frente a la compra pública innovadora, el jurista de Papilio Abogados Germán Bouso la ha atribuido, en todo caso, a la habitual resistencia al cambio “a la que siempre se invoca cuando hay un cambio normativo”, y ha aseverado, en este sentido, que no conoce a ningún gestor público que pudiendo hacer un contrato de esta naturaleza lo rechace, “porque le aporta un valor añadido a su función”, como tampoco lo hace el sector privado, del que ha subrayado su carácter emprendedor.

Por lo tanto, para este jurista el problema se ciñe al contenido de la normativa y no a la voluntad de los agentes públicos o privados.

Compras comerciales: regulares y de tecnología innovadora

En su discurso, Bouso ha precisado la diferencia entre compras comerciales regulares (“aquéllas en las que se adquieren productos que pueden ser entregados de manera directa al proveedor”) y las de tecnología innovadora.

Respecto a las primeras –ha explicado– existen dudas sobre si cabe introducir en ellas la innovación; en su opinión, ésta no se debe ceñir solo a la tecnología ni a los productos, pues también existe la innovación en los servicios y de tipo organizativo.

Cómo innovar en adquisición de servicios

El abogado se ha preguntado en voz alta cómo se puede llevar a la práctica la innovación, en España, en procedimientos de compras ordinarias en el ámbito de la sanidad, ante lo que ha enumerado algunas ideas, entre ellas “establecer criterios de adjudicación que primen la mejora de la eficiencia energética y del medio ambiente y permitir la introducción de mejoras y variantes en condiciones especiales de ejecución del contrato, en especial en concesiones de servicio de larga duración para que el contratista pueda terminar sus innovaciones”.

Sistema de votación para el público

En el último día del encuentro, los organizadores recurrieron de nuevo a sistema de votación del público (power vote) por medio al cual el moderador planteó tres cuestiones con sendas posibles respuestas.

De esta experiencia interactiva se concluyó que, para el 67 por ciento de los profesionales asistentes, el ingeniero sanitario debe asumir mayor poder decisorio en las contrataciones públicas con empresas privadas, frente al resto que no lo considera adecuado y un porcentaje no desdeñable de alrededor del 20 por ciento que sí lo ve idóneo siempre y cuando el ingeniero no tenga la última palabra en la negociación.

Asimismo, el 65 por ciento del público dio su voto favorable a que la administración española adapte la normativa europea sobre compra pública innovadora, y el 44 por ciento, en otra pregunta, sin embargo declaró con su voto que no ve al país preparado para el proyecto comunitario Horizonte 2020.

De izquierda a derecha, Antonio Fernández-Campa, director gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas); Javier Barbado, redactor de Redacción Médica; y Germán Bouso, abogado de Papilio Abogados.

Conclusiones del foro

Por último, el secretario general de la AEIH, Javier Guijarro, ha glosado las conclusiones del encuentro en una última intervención que ha servido de clausura del encuentro.

Con relación al panel de experiencias de la primera jornada, en el que se habló de la eficiencia energética, Guijarro ha asegurado que, mientras el sector eléctrico, en líneas generales, enfoca su atención en la inversión, el sanitario hace lo propio en el ámbito de la gestión.

Y, en este sentido, ha recordado las dos contrataciones de gestión integral de la energía que se dieron a conocer en el foro, en concreto las adjudicadas por la Comunidad de Madrid a los hospitales, por este orden, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y La Paz.

También se ha referido a las presentaciones, el segundo día, de casos reales de atención de crisis por virus del ébola en hospitales equipados y coordinados por ingenieros. “Hemos tenido la oportunidad de que nos expliquen sistemas de protección futuribles a partir de luz ultravioleta tipo C y gas xenon –ya desarrollada en otros países– aunque también hay otros sistemas más básicos que funcionan igualmente”, declaró. Acto seguido, pidió un aplauso “para los compañeros” que afrontaron la gestión por la alarma por virus del ébola en el Hospital Central de la Defensa y en La Paz-Carlos III.

Por último, aludió a la compra pública innovadora, que vinculó a problemas como la obsolescencia del parque tecnológico en España, que, según un informe reciente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ocupa el cuarto lugar por la cola de 36 estados europeos en el ranking de antigüedad de los equipos de tecnología de la salud.

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