Redacción. Madrid
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Cristina Avendaño, presidenta de la SEFC.
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Desde que apareció el borrador de real decreto que regula la fabricación y venta de productos relacionados con el tabaco, son cada más las sociedades científicas que han hecho ver si disconformidad con la normativa propuesta para los cigarros electrónicos. La última en sumarse ha sido la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), que pide la equiparación de estos con “una droga de uso legal y su diferenciación de los medicamentos”.
Es por ello que se opone a su venta en establecimientos de farmacia y parafarmacia. Y es que el cigarro electrónico “se ofrece claramente como un producto de uso recreativo, obligando la normativa a señalar su elevado potencial adictivo y toxicidad”. Su regulación como medicamento, “como sucede con los chicles y los parches de nicotina”, supondría un planteamiento diferente y la demostración de su utilidad para reducir el daño de la dependencia al tabaco.
La SEFC también pide que el sistema de evaluación y control de estos productos esté sufragado por la industria “y no por las administraciones públicas”. “Resulta anómalo que se proponga un sistema de tasas que no cubre los costes de la vigilancia que se exige a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas”.
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