Los consejeros del PP rechazan el "preacuerdo parcial" del Estatuto Marco

A modo de respuesta a la carta remitida este lunes por la ministra de Sanidad, Mónica García, las comunidades autónomas del Partido Popular han consensuado un comunicado en el que rechazan los “preacuerdos parciales” sobre el Estatuto Marco que “excluyen” a los sindicatos médicos y emplazan a la mandataria progresista a hacer “hincapié en la financiación” para asegurar los avances que se contemplen en la futura norma.

La repuesta de los consejeros de Salud del PP llega apenas 24 horas después de que la propia ministra les instara por carta a ‘mojarse’ sobre las reivindicaciones de los médicos, que mantienen su exigencia de un Estatuto específico para la profesión. García reclamó su “posicionamiento de cara a la posible formulación de una recomendación en el seno del Consejo Interterritorial”.

Si bien no aluden directamente a ese código laboral exclusivo para los facultativos, los consejeros de Salud del PP critican en su misiva una supuesta “exclusión” del colectivo de médicos en las negociaciones del Ministerio de Sanidad, que ha llegado a un preacuerdo para renovar el Estatuto Marco con las centrales de clase y Enfermería. En este sentido, denuncian que Mónica García pretenda ahora “trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas de una situación caracterizada por la falta de rigor, la ausencia de informes y un evidente clima de confrontación”.

Foco en el apartado económico del Estatuto Marco

“De hecho, desde el PP se rechaza la utilización que está haciendo Mónica García de reforma del Estatuto Marco como instrumento de confrontación, con la que está enfrentando a categorías profesionales, a administraciones e, incluso, hasta a ministerios del propio Gobierno -continúan-. Asimismo, reclaman que el Ministerio convoque a todos los actores implicados, incluidos los sindicatos médicos, y reiteran su petición de que el Gobierno disponga de las preceptivas memorias jurídica, técnica y económica para poder debatir sobre cualquier reforma de dicho texto legal, así como contar con los Ministerios de Hacienda y Función Pública en las negociaciones”.

Por otro lado, los consejeros han exteriorizado su “sorpresa” por la postura de “una ministra que ahora quiere mostrarse escrupulosa con las competencias y las medidas que sí pueden contemplarse en el futuro Estatuto Marco cuando ha hecho anuncios que excedían estos mismos límites”.

El PP dirige también el foco hacia la financiación de las nuevas medidas que se incorporen al Estatuto Marco. Especialmente, apuntan, ahora que el Gobierno “ha supeditado lo que es de todos a su buena relación con los independentistas”. Se refieren los conservadores a las negociaciones entre el Ejecutivo y ERC, partido con el que recientemente ha alcanzado un acuerdo de financiación que catalogan, sin ambages, de “cupo catalán” y que a su juicio se ha forjado “sin pensar en la Sanidad y los servicios públicos de todos”.

“Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir lo que hemos visto hoy mismo, cuando Sánchez anuncia una cosa y sus propios socios de coalición en Moncloa dicen que no lo van a apoyar (en referencia a los últimos anuncios sobre políticas de vivienda). No se puede jugar así con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios”, ha sentenciado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Diagnóstico de la situación sanitaria 

Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha insistido en que es "falso" que las comunidades autónomas hayan tenido un "papel fundamental" en la negociación del Estatuto Marco y ha expresado su preocupación en su utilización "como un instrumento de enfrentamiento entre categorías profesionales y administraciones". Así lo ha expresado este martes en una comparecencia ante los medios de comunicación, en donde ha resaltado la necesidad de elaborar un diagnóstico de los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS), "pedir una financiación realista" y dialogar con todos los actores.

"Con ánimo constructivo le vuelvo a decir a la ministra que lo que hay que hacer es ese diagnóstico, pedir esos informes al Ministerio de Función Pública, a Hacienda, a Trabajo, para ver la viabilidad técnica, jurídica y económica, y empezar a recoger las idiosincrasias de las comunidades autónomas y lo que reclaman", ha subrayado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que el planteamiento y la gestión del Estatuto "no han respondido, hasta la fecha, a los estándares de colaboración que deberían presidir una reforma de esta envergadura". En una carta remitida a Mónica García, ha señalado que "no es razonable avanzar de manera unilateral, cerrar preacuerdos parciales o excluir a colectivos relevantes del proceso para, posteriormente, trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una negociación incompleta y carente de los informes preceptivos".

En ese sentido, ha instado a la ministra de Sanidad a "reconducir el proceso, con una negociación real e inclusiva", ya que "las comunidades autónomas estamos dispuestas a analizar todas las iniciativas que se planteen, siempre que vayan acompañadas de las memorias técnicas, jurídicas y económicas necesarias".