Los
Colegios profesionales, como son los de médicos, Enfermería o farmacéuticos, no serán considerados como lobbies en la
nueva Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Una exclusión que recibe el aval de las diferentes familias sanitarias, que ya cuentan con una normativa específica que reconoce a las Organizaciones Colegiales como corporaciones de derecho público, la
Ley de Colegios Profesionales. Sin embargo, médicos, enfermeras y farmacéuticos sí que abogan por
potenciar su presencia en las comisiones y grupos de trabajo de las administraciones públicas, así como en los
procesos de elaboración normativa.
Conforme con la postura adoptada con el
Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés aprobado por el Gobierno para trasladar al Congreso de los Diputados, el
Consejo General de Enfermería (CGE) apuesta por reforzar en la Ley de Colegios Profesionales el papel de los Consejos Generales y potenciar su presencia no en grupos de interés, sino en las
comisiones y grupos de trabajo de las administraciones públicas, donde, añaden, pueden aportar sus "valiosos puntos de vista y experiencias profesionales", en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo, Enfermería también aboga por el
incremento de su participación en los procesos de elaboración normativa. El objetivo es que vía informe puedan realizar sus aportaciones no solo a un determinado grupo de proyectos limitado, sino a todos aquellos que en alguna forma afecten a las profesiones a las que representan y defienden.
"Somos consejeros gratuitos de la Administración"
Lo cierto es que esta decisión del Ejecutivo de apear del proyecto a los colegios profesionales no ha generado grandes sorpresas entre las propias organizaciones. En palabras de
Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), esa libertad es de hecho
“la esencia de la interactuación con las administraciones”.
“Nosotros somos consejeros gratuitos de la Administración,
no somos ningún lobby. Tenemos una responsabilidad
jurídicamente reconocida, y la ejercemos como tal”, recalca el responsable del Cgcom.
En este sentido, incide en que la ley que rige esta relación es la relativa a los colegios profesionales, “que es la que define cuál es la función del Consejo General de Médicos”. “La actividad médica la regulamos nosotros mismos, pues
el Estado no tiene tanta capacidad para disponer de ese conocimiento”, concluye.
Los colegios sanitarios al nivel de los partidos
La decisión ha sido bien recibida por parte del
Consejo General de Farmacia, que cree que la decisión adoptada por el Gobierno coincide con el plantamiento que en su día ya manifestó la profesión en la fase de consulta pública para
evitar ser catalogada como un lobby. La institución ha celebrado que ahora contarán con el mismo estatus que los partidos o los sindicatos que tampoco deberán formar parte del nuevo registro ni tendrán limitaciones para reunirse con la clase política.
"Esta exclusión se justifica en la
función constitucionalmente reconocida de los colegios profesionales, la cual se orienta a la ordenación y la defensa no solo de los intereses de los miembros de la profesión, sino también de los ciudadanos destinatarios de los servicios", han apostillado fuentes del organismo que preside Jesús Aguilar.
El Consejo General de Farmacia cree que esta decisión tiene un
"especial reflejo" en el caso de las profesiones sanitarias, donde sus labores se relacionan directamente con
"el derecho a la salud y a la vida". Mientras que coinciden con el resto de familias sanitarias en que sus funciones ya están
"expresamente reguladas" a través de la Ley de Colegios Profesionales.
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