Del hito fundacional a una inaplazable y verdadera Constitución de la Salud

La conmemoración de los cuarenta años de la Ley General de Sanidad (LGS) nos sitúa ante un espejo de contrastes.

Sería injusto no reconocer que la norma de 1986 representó la culminación de un mandato constitucional y un gran avance en cohesión social de nuestra democracia. Aquella ley no solo clausuró un modelo bismarckiano de protección ligado a la condición laboral, sino que operó una transformación profunda hacia un sistema de cuño beveridgiano, erigiendo la salud como un derecho subjetivo e inherente a la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia en la gestión nos indica que el diseño de 1986 ha quedado superado por la complejidad de la medicina de precisión, el desafío de la salud digital y la tensión estructural que el cambio demográfico impone al sistema.

Desde la responsabilidad institucional, tuve el encargo de pilotar en 2001 la culminación del proceso de transferencias sanitarias, un hito que dotó al Sistema Nacional de Salud (SNS) de su mayoría de edad administrativa. Aquel proceso, no fue un simple traspaso de gestión; supuso una reconfiguración sistémica en la arquitectura financiera del Estado. Se puso fin a la financiación sanitaria específica para integrarla, de forma indiferenciada, en el sistema de financiación autonómica general. Si bien esto dotó de autonomía a las Comunidades, también eliminó la trazabilidad de los fondos y diluyó la responsabilidad del Estado como garante último de la suficiencia financiera. Hoy vivimos las consecuencias de esa decisión: una asimetría prestacional que amenaza el principio de igualdad que la ley original pretendía consagrar.

"En 1986, la Medicina de Precisión, el Big Data o la Inteligencia Artificial eran conceptos de ciencia ficción; hoy son el núcleo de la eficiencia clínica"

El éxito del SNS en estas cuatro décadas ha sido, paradójicamente, su mayor factor de estrés. Hemos construido una maquinaria de reparación clínica de primer nivel, pero hemos fallado en la transición hacia un modelo de salud proactiva. La LGS de 1986 ya señalaba la promoción y la prevención como ejes rectores, pero la inercia presupuestaria ha mantenido el sistema anclado en un carácter curativo y "hospital-céntrico". La sostenibilidad del modelo ya no se garantiza únicamente con presupuestos expansivos, sino con una gobernanza capaz de articular de forma transversal el concepto de "Salud en todas las políticas". Resulta estéril pretender curar en el hospital lo que no hemos sabido prevenir en el diseño urbano, en la fiscalidad alimentaria o en la educación física temprana. El enfoque One Health no es una opción retórica, sino una necesidad de supervivencia sistémica.

Uno de los diagnósticos más preocupantes es la quiebra de la gobernanza nacional. Hemos permitido que la descentralización de la gestión derive en una fragmentación de la autoridad, donde el Consejo Interterritorial del SNS a menudo actúa más como un tablero de confrontación partidista que como un órgano de alta dirección técnica. El sistema ha evolucionado hacia la coexistencia de 17 servicios que funcionan, de facto, como silos independientes, refractarios a una coordinación real. Es inadmisible que el derecho a la salud de un ciudadano se vea condicionado por muros burocráticos internos o por la falta de una compensación administrativa ágil entre territorios cuando un paciente se desplaza. La salud viaja con la persona, y la administración financiera no puede ser una barrera para el ejercicio de un derecho universal financiado por todos.

"El patriotismo sanitario se ejerce hoy teniendo la valentía política de reformar las estructuras, desideologizar la gestión y blindar una gobernanza nacional sólida"

Por todo ello, España no necesita un simple parche legislativo, sino una nueva Ley de Salud —y subrayo el término Salud frente al enfoque asistencial de la Sanidad— que asuma el rango de verdadera Constitución Sanitaria del siglo XXI. En 1986, la medicina de precisión, el Big Data o la Inteligencia Artificial eran conceptos de ciencia ficción; hoy son el núcleo de la eficiencia clínica. El sistema demanda un marco jurídico renovado que armonice la transición digital y la gobernanza de los datos sanitarios bajo estándares comunes. Necesitamos una arquitectura legal que recupere la capacidad de liderazgo estratégico del Estado, garantizando una cohesión real que asegure la equidad asistencial y el acceso uniforme a la innovación en todo el territorio nacional, superando los actuales déficits de coordinación institucional.

Asimismo, la viabilidad futura del sistema depende de nuestra capacidad para introducir incentivos en un modelo general que hoy carece de ellos. Contamos con referentes de éxito como la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que demuestra cómo una estructura incentivada y coordinada puede alcanzar la excelencia mundial. Debemos transitar del pago por volumen al pago por valor, y eso exige la creación inmediata de una Agencia de Información Sanitaria, Evaluación y Calidad. Este organismo, de carácter independiente y participado por todos los agentes —incluyendo los privados, cuya colaboración es estratégica e indispensable—, debe aportar una transparencia absoluta. Ningún problema de los que hoy afecta a profesionales y pacientes tendrá solución real si no es sobre la base de una evaluación rigurosa y comparable de los resultados en salud.

La Ley de 1986 cumplió su misión fundacional con creces, pero el compromiso con lo público hoy no consiste en fosilizar una norma del siglo pasado. El patriotismo sanitario se ejerce hoy teniendo la valentía política de reformar las estructuras, desideologizar la gestión y blindar una gobernanza nacional sólida. Solo así aseguraremos que el SNS siga siendo, otros cuarenta años más, el pilar maestro de nuestro Estado de Bienestar.