La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha vuelto a colocar a España como uno de los países más afectados por el
problema de la resistencia antimicrobiana. Según las cifras de la institución internacional, el consumo de antibióticos
se ha disparado un 10,6 por ciento en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a lo largo de las últimas dos décadas. Este auge ha provocado que la dosis media diaria se sitúe en
35,5 por cada 1.000 habitantes. Los expertos ya han colocado sobre la mesa las tareas pendientes para que el país abandone el vagón de cola en la denominada “pandemia silenciosa”.
Un nuevo informe de la organización mundial ha valorado en qué punto se encuentran las políticas públicas de cada país para frenar esta amenaza para la salud. España cuenta todavía con seis categorías en las que tiene margen de mejora. La
optimización del uso de antimicrobianos en la salud humana y animal, el
establecimiento de un sistema nacional de vigilancia, la
bioseguridad y buenas prácticas en las
producciones ganaderas (terrestres y acuáticas) o la mejora en la higiene del procesamiento de los alimentos son algunas de las claves.
En el otro lado de la balanza, España sí que alcanzar la etapa más avanzada de implementación en otra serie de iniciativas. El panel refleja los buenos resultados del
sistema nacional de monitoreo del consumo, el fortalecimiento de las prácticas de
prevención y control de enfermedades en la atención sanitaria, el aumento de la concienciación o las actividades de educación.
Estos avances se antojan como cruciales para que España mejore sus cifras. Según las estimaciones de la OCDE, el mayor consumidor de antibióticos en animales destinado al consumo humano fue
China, aunque
España tiene una plaza entre el top 10 mundial, junto con
Brasil, Estados Unidos, Tailandia, India, Irán, México y Argentina.
La resistencia antimicrobiana en el paciente crónico
Otra de las claves del informe ha sido adentrarse en el problema de la resistencia antimicrobiana en los
centros de atención de personas a largo plazo (LTCF, por sus siglas en inglés), entre los que figuran las
residencias de ancianos, los centros de personas con discapacidad o los
hospitales de cuidados crónicos. Una encuesta trasladada a todos los países ha identificado más de una veintena de iniciativas en las que todavía podría mejorar España.
La falta de una
legislación específica sobre antimicrobianos para estos centros, así como la ausencia de planes de seguimiento, presupuestos, un comité de control o de una investigación sobre las
infecciones asociadas a la atención sanitaria (HAI) son algunas de las claves. Además, el resultado también muestra que España podría aplicar planes de capacitación,
asesoramiento médico, así como directrices para el uso apropiado de los medicamentos en personas con deterioro cognitivo o demencia avanzada.
“Los resultados de la encuesta identifican una serie de brechas, particularmente relacionadas con los sistemas y políticas de vigilancia actuales para
promover el uso prudente de antibióticos y prevenir infecciones”, han valorado los autores del informe, que han detectado
“lagunas” en general en estas estrategias en las residencias.
Según los datos de la OCDE,
cada año mueren 79.000 personas en los países de su órbita debido a infecciones resistentes, entre los cuales los
mayores de 65 años y los bebés son los que presentan un mayor perfil de riesgo. Además, el coste de estos tratamientos supera los
28.900 millones de euros en el conjunto del bloque.
“La pandemia de resistencia antimicrobiana ya está aquí. Si bien el Covid-19 ha dado lugar a esfuerzos para prevenir y controlar la propagación de infecciones, no
hay lugar para la complacencia en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Los resultados del análisis de la OCDE demuestran que se necesitan urgentemente medidas políticas basadas en el
enfoque One Health para abordar la resistencia a los antimicrobianos”, han concluido.
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