Las profesiones sanitarias ponen 'deberes' al nuevo Gobierno de coalición

El recién nombrado Gobierno, liderado por Pedro Sánchez en coalición con Sumar, nace con nuevos propósitos sanitarios para la legislatura. En un documento previo, que publicaron ambas formaciones con acuerdos comunes, incluyeron mejoras específicas para médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios en su hoja de ruta para los próximos cuatro años. Ahora, Redacción Médica ha preguntado a los principales representantes sanitarios qué 'cuentas pendientes' tienen con el Gobierno y qué acciones son las más urgentes de cara a mejorar la situación de las profesiones.

La profesión médica recibe al nuevo Gobierno con un decálogo de 'deberes' sobre los temas que consideran más relevantes. Desde la Organización Médica Colegial (OMC) explican a este medio que la "primera misión" del reconfigurado Ejecutivo es llevar a cabo un Pacto de Estado en el contexto del Consejo Interterritorial para “armonizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sostener el modelo sanitario”.

'Desatascar' la Agencia Estatal de Salud Pública

Por otro lado, desde la organización apelan a que el Gobierno haga realidad la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya se presentó la pasada legislatura, así como reclaman la instauración de "un NICE (Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia) español".

Entre otras medidas mencionadas desde la organización se incluye potenciar el entorno sociosanitario, la "convergencia de Primaria y Hospitalaria", potenciar la atención pública en salud bucodental e impulsar una estrategia de salud mental junto al resto de profesionales.

Por otro lado, desde Medicina consideran "urgente" la creación de un Real Decreto de Formación Médica Continuada, así como, en pro de la estabilidad profesional, desarrollar el Real Decreto 12/2022 del 5 de julio, es decir llevar a buen puerto la reforma del Estatuto Marco.

Medicina considera primordial impulsar la reforma del Estatuto Marco

Por último, mencionan un ‘triplete’ de necesidades a abordar: la mejora de los salarios de profesionales, el impulso del concepto One Health y la Alianza Médica contra el Cambio Climático, y la lucha contra las pseudociencias y la publicidad engañosa.

Foco sobre la Ley de Seguridad del Paciente

En el caso de Enfermería, la formación socialista y la que tiene a Yolanda Díaz al frente pautaron medidas concretas para la mejora de condiciones de este gremio, como el aumento de plazas EIR o la disminución de los contratos de temporalidad. Unas medidas positivas para Enfermería, aunque aseguran que se quedan a 'medio gas'. Desde el Consejo General de Enfermería (CGE), máxima representación de la Enfermería en España, celebran que desde la coalición progresista "al menos muestren su inquietud por la falta de profesionales enfermeros". Aun así, desde la organización indican que el compromiso desde un futuro Gobierno "debe ser hacer un buen análisis de recursos humanos" con el objetivo de determinar "qué perfiles se necesitan y cuántos profesionales".

De esta manera, desde el CGE centran la conversación en tres temas prioritarios, que, a su juicio, deben ser los que pauten el trabajo del Gobierno en materia enfermera. "El grupo A de clasificación profesional unificado, el impulso de las especialidades enfermeras y la puesta en marcha de la Ley de Seguridad del Paciente deberían ser las prioridades", confirman a este medio desde la organización colegial. 

Enfermería pone tres temas sobre la mesa del Gobierno: reclasificación al A1, nuevas especialidades y Ley de Seguridad del Paciente

La reivindicación de la unificación del grupo A de clasificación profesional es una de las reivindicaciones más férreas de la profesión enfermera. Desde el gremio piden el reconocimiento y clasificación del personal enfermero como personal perteneciente al subgrupo A1 dentro del Estatuto Básico del Empleado, pues ahora están clasificados como A2.

Este proyecto de ley que mencionan, también conocida como 'Ley de ratios enfermeros', está actualmente paralizada. La propuesta, que busca establecer por ley ratios mínimos de enfermeras en todos los niveles asistenciales, estuvo más de dos años bloqueada en la mesa del Congreso y fue, un par de meses antes de la repetición electoral, cuando volvió a echar a andar.

"Sería un paso muy importante aprobarla, pues esto derivará precisamente en que se tenga que mejorar la dotación de profesionales", aseguran desde la organización enfermera. De esta manera, el CGE mantiene su apoyo a la ley que, desde la plataforma Unidad Enfermera, que agrupa a todos los representantes principales del gremio, siguen defendiendo de manera férrea. "Se trata de una Ley que puede contribuir de manera esencial para que en nuestro país se garantice una atención sanitaria en óptimas condiciones de calidad, seguridad asistencial y equidad entre territorios", han asegurado en múltiples ocasiones.

"Equidad y calidad" en los servicios farmacéuticos

El gremio de los farmacéuticos alinea sus peticiones generales con el resto de profesiones. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos (Cgcof), comenta a este periódico que una de las prioridades es el refuerzo de la Atención Primaria. En este caso piden el fomento de "nuevos servicios de atención farmacéutica", la ampliación "con equidad y calidad" de la oferta remunerada de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales con el objetivo de "dar una mejor respuesta a las necesidades de los pacientes"

De manera más concreta, desde el Cgcof piden la incorporación de la profesión y la farmacia comunitaria en las estrategias de Salud Pública. “Se puede hacer con programas concertados de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cribados, detección precoz, vacunación, etc.”, explica Jesús Aguilar.

Además, abogan por acercar la innovación terapéutica a la farmacia, impulsar la atención farmacéutica domiciliaria desde las farmacias para colectivos específicos “mediante una regulación con criterios de vulnerabilidad y planificación” y la facilitación de la actuación del farmacéutico en la dispensación en situaciones excepcionales “para evitar así la interrupción de los tratamientos”.

Por último, los farmacéuticos piden la creación de un “informe farmacoterapéutico digital único del paciente, que favorecería el uso racional de los medicamentos en cualquier lugar en el que el paciente necesite asistencia”. Asimismo, instan a que el Gobierno promueva garantizar la cohesión social y territorial de la asistencia sociosanitaria asegurando la viabilidad de la red de farmacias rurales.

Atención psicológica en Primaria 

En cuanto a los psicólogos, el Consejo General de la Psicología (COP) pide al nuevo Ejecutivo no sólo una mayor atención a la salud mental, algo que consideran "fundamental"; también demandan que, al ser una coalición progresista, una especial atención a la inequidad y las desigualdades por motivos socioeconómicos dentro de la atención a la salud mental. "El sistema público a veces no es suficiente en esto, y quien tiene recursos puede acudir a la sanidad privada, pero el que no puede permitírselo se queda sin atención psicológica", reconoce Fernando Chacón, vocal adjunto a la presidencia del COP.

También reclaman la incorporación de la atención psicológica en Primaria, la puesta en marcha de programas preventivos a nivel nacional, y sobre todo escolar, que permita dotar de recursos psicológicos, técnicas de habilidades sociales, resistencia a la presión o a la frustración y técnicas de relajación, competencias 'claves' para que los alumnos "puedan afrontar mejor los problemas de la vida" y no caigan en trastornos mentales.

Por último, los psicólogos demandan un cambio en la regulación de la profesión, porque ahora mismo el grado "no tiene competencias sanitarias" y se adquieren mediante un máster que "no es suficiente": "Hay 8.000 graduados en Psicología al año y 2.000 plazas en el máster, lo que son unas 10 solicitudes por cada plaza, mostrando una clara inequidad", insiste Chacón. Esta mejora pasaría por incrementar el número de plazas públicas en el máster de Psicología General Sanitaria, y diferenciar entre las competencias para trabajar en centros sanitarios y las de trabajar en servicios sanitarios pero dentro de centros sociales.