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Las profesiones preparan un 2026 atentas al Estatuto y nuevas competencias
Los profesionales sanitarios marcan 2026 en rojo en su calendario los retos legislativos y laborales
Tomás Cobo, Florentino Pérez Raya, Jesús Aguilar, Óscar Castro, Francisco Santolaya, Fernando Ramos, Isabel Lozano, Elena Carrascosa, Pablo Pérez y Joaquín Durán.
30 dic 2025. 05.00H
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Las profesiones sanitarias marcan 2026 en rojo en su calendario legislativo y laboral. Médicos, enfermeras, farmacéuticos y el resto de titulaciones técnicas y clínicas encaran el nuevo año con una hoja de ruta común: influir decisivamente en la reforma del Estatuto Marco y blindar sus competencias ante la amenaza de intrusismo o precariedad. Lejos de las promesas vacías, los colegios y sindicatos exigen a la administración pasos tangibles, desde la reclasificación profesional hasta un pacto político real que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) antes de que la fragmentación sea irreversible.
Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), sentencia que 2026 debe ser el año en el que se blinde la autoridad del facultativo. No se trata de una lucha de egos, sino de competencia técnica: Cobo exige que la reforma del Estatuto Marco y la Ley del Medicamento reconozcan al médico como el "piloto" estratégico del sistema, y no como un mero ejecutor en una cadena de montaje saturada. Rechaza cualquier intento de diluir sus competencias tras más de una década de formación y alerta sobre el peligroso aumento de las agresiones.
El líder de los médicos matiza que la supervivencia del modelo universal pende de un hilo. Reclama a la clase política que abandone el "espectáculo" electoral y alcance un pacto de Estado real. Sin una cogobernanza efectiva que proteja la equidad, Cobo advierte que España se desliza hacia una sanidad de dos velocidades donde la calidad asistencial quedará supeditada al bolsillo del paciente. Recuperar la esencia del acto médico y garantizar la autonomía facultativa son, a su juicio, las únicas barreras para evitar el hundimiento del bienestar social.
El Consejo General de Enfermería (CGE) afronta el ejercicio con pragmatismo y señala seis "agujeros" estructurales que deben resolverse sin demora: las ratios de plantilla insuficientes, la escasez de plazas universitarias, la fuga de talento al extranjero, el bloqueo en el desarrollo de especialidades, la falta de enfermeras escolares y los ataques a su capacidad de prescripción.
Para el colectivo, 2026 debe ser el punto de inflexión en su reconocimiento laboral y retributivo. Exigen el acceso inmediato a la categoría profesional A1 en el SNS y un desarrollo normativo que proteja jurídicamente sus competencias prescriptoras. El objetivo es frenar el exilio profesional y permitir que las enfermeras trabajen en su especialidad dentro de España con unas condiciones dignas, cerrando un 2025 que el organismo califica de lastrado por problemas endémicos.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, fija la mirada en el despliegue total de la receta electrónica concertada (Muface e Isfas) y la eliminación definitiva del cupón precinto. Sin embargo, la batalla legislativa estará en el Anteproyecto de Ley de Medicamentos. Aguilar defiende que esta norma debe blindar el modelo actual, garantizando la separación entre prescripción y dispensación como mecanismo de seguridad, y eliminando reservas singulares que limitan el acceso del paciente.
Asimismo, la farmacia comunitaria apuesta por la dispensación colaborativa con la hospitalaria y la automatización de datos para emergencias sanitarias junto a la Aemps. En el plano académico, marzo de 2026 será clave: se adaptará la directiva sobre el Grado en Farmacia. El sector trabaja ya con decanos y estudiantes para renovar competencias y asegurar la presencialidad en los planes de estudio.
El Consejo General de Dentistas mantiene su ofensiva para acabar con una desventaja histórica: España sigue siendo el único país de la UE sin especialidades odontológicas reconocidas. La organización prioriza la alineación con Europa y trabaja ya con decanos y autonomías para formalizar una formación reglada. En paralelo, exige la creación del Dentista Interno Residente (DIR) como vía estructural para reforzar un sistema público raquítico, donde la presencia de apenas un millar de odontólogos resulta a todas luces insuficiente para la demanda real.
En el plano legislativo, el sector reclama una unificación de criterios normativos en todo el Estado que acabe con las desigualdades territoriales. A ello suman la exigencia de una Ley de Publicidad Sanitaria estatal que ponga coto al engaño y una aplicación rigurosa de la Ley de Sociedades Profesionales, garantizando que el control de las clínicas recaiga en colegiados y no en mercantiles ajenas a la deontología. También instan a consolidar el Plan de Salud Bucodental con un presupuesto que asegure su sostenibilidad.
Por último, el Consejo alerta sobre la "plétora profesional" agravada por la sobreoferta de plazas en universidades privadas (el doble que las públicas). Exigen instaurar numerus clausus para frenar una burbuja formativa que empuja a los egresados al desempleo, la precariedad o la emigración. Un escenario que requiere, además, un mayor impulso a la inversión en investigación para no desperdiciar el talento nacional.
Ante la omnipresencia de la ansiedad y la depresión en las consultas, el Consejo General de la Psicología (COP) evita los diagnósticos sociológicos y va a lo operativo: faltan manos. La entidad demanda un incremento sustancial de las plantillas de psicólogos tanto en Atención Primaria como en Especializada como única vía para que el ciudadano reciba la atención que merece.
El COP subraya también la necesidad de infraestructuras básicas, reclamando espacios físicos adecuados para los tratamientos. Su foco para el próximo año es claro: aliviar el impacto de los trastornos mentales, especialmente en aquellos pacientes que ya sufren patologías crónicas graves, donde la asistencia psicológica es una herramienta clínica indispensable y no un lujo.
La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), presidida por Fernando Ramos, reclama el reconocimiento oficial de sus especialidades para adecuarse a la complejidad clínica actual (cronicidad, envejecimiento). Pero su gran apuesta de gestión es el "acceso directo": permitir que el paciente acuda al fisioterapeuta sin intermediarios burocráticos. Ramos defiende esta medida no como una aspiración corporativa, sino como una herramienta de eficiencia que reduce listas de espera y evita intervenciones innecesarias.
Además, la profesión vivirá un momento histórico en noviembre de 2026 al acoger, por primera vez en España, el sexto Congreso de la Región Europea de World Physiotherapy. Un evento que la AEF utilizará para situar a la fisioterapia española como referente en investigación e innovación, buscando consolidar su liderazgo en políticas de prevención y promoción de la salud.
El Estatuto Marco es el campo de batalla principal para los técnicos. El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exige para los TCAE una reclasificación justa con retribuciones equivalentes al nivel C1 y una actualización de funciones que deje de ignorar su realidad asistencial diaria. "Si solo nos trajeran estas tres cosas, ya estaría bien", resume Isabel Lozano con escepticismo veterano.
Por su parte, los Técnicos Superiores Sanitarios (Setss), liderados por José Joaquín Durán, reclaman que el Grupo B sea una realidad tangible en el nuevo texto legal. Consideran que el cumplimiento de estas demandas es lo único que justificaría el fin de la conflictividad laboral que les llevó a la huelga. Además, insisten en la transformación de varias titulaciones a grado universitario para visibilizar el valor real de su trabajo diagnóstico y técnico.
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) advierte de que la entrada en vigor de la nueva Oferta de productos del SNS, sin una revisión previa de los Importes Máximos de Financiación (IMF), amenaza la viabilidad del sector y la calidad de la prestación. Denuncian que la reforma carece de un marco metodológico riguroso y exigen medidas urgentes: prescripciones genéricas donde el paciente elija marca, financiación homogénea en todas las comunidades y cobertura para productos a medida aunque superen el importe máximo fijado.
El sector reclama también un periodo de gracia de un año para liquidar el stock actual y muestra su impaciencia ante la falta de concreción sobre la digitalización del "cupón precinto", esencial para la trazabilidad. Todo ello en un año clave marcado por la celebración de la feria Orto Medical Care en noviembre, donde intentarán demostrar que la innovación —inteligencia artificial y prótesis mioeléctricas— solo llegará al paciente si existe una inversión pública acorde y se reconoce la titulación universitaria específica del técnico ortoprotésico.
Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Podólogos, pone el foco en la integración real de la podología en el sistema público, tanto en Atención Primaria como en hospitales. El objetivo para 2026 es dejar de ser una disciplina periférica para convertirse en un actor clave en la prevención, especialmente en áreas críticas como el pie diabético, el riesgo de caídas y la actividad física.
El colectivo busca traducir estos deseos en un aumento de su producción científica y en la consolidación de sus programas preventivos. Carrascosa confirma que la hoja de ruta pasa por demostrar, con datos y asistencia, que la presencia de podólogos en la sanidad pública es una inversión en salud y eficiencia para el sistema.
Medicina: Liderazgo clínico y un pacto contra la quiebra del modelo
Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), sentencia que 2026 debe ser el año en el que se blinde la autoridad del facultativo. No se trata de una lucha de egos, sino de competencia técnica: Cobo exige que la reforma del Estatuto Marco y la Ley del Medicamento reconozcan al médico como el "piloto" estratégico del sistema, y no como un mero ejecutor en una cadena de montaje saturada. Rechaza cualquier intento de diluir sus competencias tras más de una década de formación y alerta sobre el peligroso aumento de las agresiones.
El líder de los médicos matiza que la supervivencia del modelo universal pende de un hilo. Reclama a la clase política que abandone el "espectáculo" electoral y alcance un pacto de Estado real. Sin una cogobernanza efectiva que proteja la equidad, Cobo advierte que España se desliza hacia una sanidad de dos velocidades donde la calidad asistencial quedará supeditada al bolsillo del paciente. Recuperar la esencia del acto médico y garantizar la autonomía facultativa son, a su juicio, las únicas barreras para evitar el hundimiento del bienestar social.
Enfermería: Ofensiva contra los fallos estructurales y la clasificación A1
El Consejo General de Enfermería (CGE) afronta el ejercicio con pragmatismo y señala seis "agujeros" estructurales que deben resolverse sin demora: las ratios de plantilla insuficientes, la escasez de plazas universitarias, la fuga de talento al extranjero, el bloqueo en el desarrollo de especialidades, la falta de enfermeras escolares y los ataques a su capacidad de prescripción.
Para el colectivo, 2026 debe ser el punto de inflexión en su reconocimiento laboral y retributivo. Exigen el acceso inmediato a la categoría profesional A1 en el SNS y un desarrollo normativo que proteja jurídicamente sus competencias prescriptoras. El objetivo es frenar el exilio profesional y permitir que las enfermeras trabajen en su especialidad dentro de España con unas condiciones dignas, cerrando un 2025 que el organismo califica de lastrado por problemas endémicos.
Farmacia: Nueva Ley del Medicamento y cierre de la digitalización
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, fija la mirada en el despliegue total de la receta electrónica concertada (Muface e Isfas) y la eliminación definitiva del cupón precinto. Sin embargo, la batalla legislativa estará en el Anteproyecto de Ley de Medicamentos. Aguilar defiende que esta norma debe blindar el modelo actual, garantizando la separación entre prescripción y dispensación como mecanismo de seguridad, y eliminando reservas singulares que limitan el acceso del paciente.
Asimismo, la farmacia comunitaria apuesta por la dispensación colaborativa con la hospitalaria y la automatización de datos para emergencias sanitarias junto a la Aemps. En el plano académico, marzo de 2026 será clave: se adaptará la directiva sobre el Grado en Farmacia. El sector trabaja ya con decanos y estudiantes para renovar competencias y asegurar la presencialidad en los planes de estudio.
Odontología: Urgencia por el DIR y fin a la "anomalía" de las especialidades
El Consejo General de Dentistas mantiene su ofensiva para acabar con una desventaja histórica: España sigue siendo el único país de la UE sin especialidades odontológicas reconocidas. La organización prioriza la alineación con Europa y trabaja ya con decanos y autonomías para formalizar una formación reglada. En paralelo, exige la creación del Dentista Interno Residente (DIR) como vía estructural para reforzar un sistema público raquítico, donde la presencia de apenas un millar de odontólogos resulta a todas luces insuficiente para la demanda real.
En el plano legislativo, el sector reclama una unificación de criterios normativos en todo el Estado que acabe con las desigualdades territoriales. A ello suman la exigencia de una Ley de Publicidad Sanitaria estatal que ponga coto al engaño y una aplicación rigurosa de la Ley de Sociedades Profesionales, garantizando que el control de las clínicas recaiga en colegiados y no en mercantiles ajenas a la deontología. También instan a consolidar el Plan de Salud Bucodental con un presupuesto que asegure su sostenibilidad.
Por último, el Consejo alerta sobre la "plétora profesional" agravada por la sobreoferta de plazas en universidades privadas (el doble que las públicas). Exigen instaurar numerus clausus para frenar una burbuja formativa que empuja a los egresados al desempleo, la precariedad o la emigración. Un escenario que requiere, además, un mayor impulso a la inversión en investigación para no desperdiciar el talento nacional.
Psicología: Más recursos humanos para contener la crisis de salud mental
Ante la omnipresencia de la ansiedad y la depresión en las consultas, el Consejo General de la Psicología (COP) evita los diagnósticos sociológicos y va a lo operativo: faltan manos. La entidad demanda un incremento sustancial de las plantillas de psicólogos tanto en Atención Primaria como en Especializada como única vía para que el ciudadano reciba la atención que merece.
El COP subraya también la necesidad de infraestructuras básicas, reclamando espacios físicos adecuados para los tratamientos. Su foco para el próximo año es claro: aliviar el impacto de los trastornos mentales, especialmente en aquellos pacientes que ya sufren patologías crónicas graves, donde la asistencia psicológica es una herramienta clínica indispensable y no un lujo.
Fisioterapia: Acceso directo y el hito de su Congreso Europeo
La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), presidida por Fernando Ramos, reclama el reconocimiento oficial de sus especialidades para adecuarse a la complejidad clínica actual (cronicidad, envejecimiento). Pero su gran apuesta de gestión es el "acceso directo": permitir que el paciente acuda al fisioterapeuta sin intermediarios burocráticos. Ramos defiende esta medida no como una aspiración corporativa, sino como una herramienta de eficiencia que reduce listas de espera y evita intervenciones innecesarias.
Además, la profesión vivirá un momento histórico en noviembre de 2026 al acoger, por primera vez en España, el sexto Congreso de la Región Europea de World Physiotherapy. Un evento que la AEF utilizará para situar a la fisioterapia española como referente en investigación e innovación, buscando consolidar su liderazgo en políticas de prevención y promoción de la salud.
Técnicos Sanitarios: La batalla definitiva por la reclasificación
El Estatuto Marco es el campo de batalla principal para los técnicos. El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exige para los TCAE una reclasificación justa con retribuciones equivalentes al nivel C1 y una actualización de funciones que deje de ignorar su realidad asistencial diaria. "Si solo nos trajeran estas tres cosas, ya estaría bien", resume Isabel Lozano con escepticismo veterano.
Por su parte, los Técnicos Superiores Sanitarios (Setss), liderados por José Joaquín Durán, reclaman que el Grupo B sea una realidad tangible en el nuevo texto legal. Consideran que el cumplimiento de estas demandas es lo único que justificaría el fin de la conflictividad laboral que les llevó a la huelga. Además, insisten en la transformación de varias titulaciones a grado universitario para visibilizar el valor real de su trabajo diagnóstico y técnico.
Ortopedia: Asfixia por precios desfasados y caos en la cartera de servicios
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) advierte de que la entrada en vigor de la nueva Oferta de productos del SNS, sin una revisión previa de los Importes Máximos de Financiación (IMF), amenaza la viabilidad del sector y la calidad de la prestación. Denuncian que la reforma carece de un marco metodológico riguroso y exigen medidas urgentes: prescripciones genéricas donde el paciente elija marca, financiación homogénea en todas las comunidades y cobertura para productos a medida aunque superen el importe máximo fijado.
El sector reclama también un periodo de gracia de un año para liquidar el stock actual y muestra su impaciencia ante la falta de concreción sobre la digitalización del "cupón precinto", esencial para la trazabilidad. Todo ello en un año clave marcado por la celebración de la feria Orto Medical Care en noviembre, donde intentarán demostrar que la innovación —inteligencia artificial y prótesis mioeléctricas— solo llegará al paciente si existe una inversión pública acorde y se reconoce la titulación universitaria específica del técnico ortoprotésico.
Podología: Integración en la sanidad pública y prevención
Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Podólogos, pone el foco en la integración real de la podología en el sistema público, tanto en Atención Primaria como en hospitales. El objetivo para 2026 es dejar de ser una disciplina periférica para convertirse en un actor clave en la prevención, especialmente en áreas críticas como el pie diabético, el riesgo de caídas y la actividad física.
El colectivo busca traducir estos deseos en un aumento de su producción científica y en la consolidación de sus programas preventivos. Carrascosa confirma que la hoja de ruta pasa por demostrar, con datos y asistencia, que la presencia de podólogos en la sanidad pública es una inversión en salud y eficiencia para el sistema.
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