Las primeras acreditaciones médicas de ELA avanzada llegarán "en semanas"

Más de un año después de su entrada en vigor -se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de octubre de 2024-, la Ley ELA está a “semanas” de aplicarse de forma efectiva a las personas afectadas por la enfermedad en fase avanzada. Es lo que trasladan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales a Redacción Médica. El Consejo Territorial del ramo -en el que están representados el propio ministerio y las comunidades autónomas- acordó en diciembre los criterios para acreditar -certificado médico mediante- el acceso al grado de dependencia III+ creado en octubre para reconocer ayudas económicas específicas para estos casos. “A partir de ahí, las personas afectadas tenían que solicitar la revisión de su grado de dependencia a su comunidad autónoma, las competentes exclusivas en la gestión de la dependencia. Estas tienen, como máximo, tres meses para solventar las valoraciones. Estimamos que las primeras solicitudes nos llegarán en semanas para aquellas personas que presentaran su solicitud en diciembre”, explican desde Derechos Sociales.

El Gobierno aprobó la creación del grado de dependencia III+ mediante un Real Decreto-ley que, además, reforzó el sistema de dependencia con 500 millones de euros para atender a los pacientes de ELA. Esa norma -avalada por el Congreso en noviembre- es parte del desarrollo normativo exigido en la propia Ley ELA. Entre otras cosas, el Ejecutivo reguló ayudas de hasta 9.860 euros para asegurar una atención sociosanitaria durante las 24 horas del día a las personas que padezcan ELA en fase avanzada. La mitad de ese montante lo asumirá el propio Gobierno y el resto, la comunidad autónoma en la que resida el paciente.

El camino hacia la definición de ELA avanzada

El problema era que en ese Real Decreto-ley no se establecía ningún criterio para reconocer el grado de dependencia III+ ni para describir qué es ELA avanzada -más allá de indicar que optarían a ello quienes ya tuvieran el grado III-, una indefinición de la que se quejaron las asociaciones de pacientes y varios partidos nacionalistas y regionalistas en el Congreso. Eso es lo que solucionó el acuerdo del Consejo Territorial, publicado en el BOE el 2 de enero. Según el texto, para certificar una “fase avanzada de ELA”, el afectado ha de cumplir dos de estos tres criterios: requerir soporte ventilatorio más de ocho horas al día, necesitar aspiración de secreciones diariamente y padecer inmovilidad en el tren superior.

A la hora de acreditar ese estado, es conditio sine qua non presentar “un certificado médico expedido por el profesional médico especialista del sistema público o de una Entidad Gestora de los regímenes especiales de la Seguridad Social, encargado del seguimiento de la persona afectada”. Es algo que ya avanzó este periódico a finales de noviembre, poco antes de que quedara reflejado en el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

El Gobierno "ha cumplido en tiempo y forma"

Más allá de que se cumplan o no las previsiones para contar con los primeros casos confirmados de ELA en fase avanzada, desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en que la “competencia exclusiva” de la atención a la dependencia es autonómica. El departamento de Pablo Bustinduy subraya que, con la aprobación del Real Decreto-ley que creó el grado III+, “el Gobierno ha dado cumplimiento al desarrollo normativo de la Ley ELA en tiempo y forma, según lo que marca el propio texto legislativo”. El plazo era de un año desde el 1 de noviembre de 2024, día posterior a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley el pasado 21 de octubre.

“Son las comunidades autónomas las que deben transformar sus servicios de atención a la dependencia para dar aplicación y crear el citado grado III+”, remarca Derechos Sociales, que también defiende el alcance de las ayudas de casi 10.000 euros asociadas a ese nuevo grado de dependencia extrema: “Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte”.

El Gobierno de La Rioja es uno de los primeros ejecutivos autonómicos que ya ha aprobado la implantación del grado III+, según han anunciado este miércoles la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, y la presidenta de la asociación riojana que representa a personas afectadas de ELA (VencELA), Francisca Elena Terroba.