El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves
el informe de evaluación anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España. El informe revela que durante el año pasado se registraron 766 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales
se llevaron a cabo 334 prestaciones. En 2023 se registraron
un 24,8 por ciento más de solicitudes de eutanasia que el año anterior.
La Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia (LORE), que entró en vigor el 25 de junio de 2021, nació para dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a
una demanda sostenida de la sociedad actual introduciendo un nuevo derecho individual en nuestro país. Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2023,
se han atendido 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023.
Según el
informe de eutanasia de 2023, el perfil más frecuente es el de una
persona solicitante entre 70 y 79 años (28 por ciento), mientras que las enfermedades de base más frecuentes entre las personas solicitantes fueron la enfermedad oncológica (35 por ciento) y la neurológica (35 por ciento). Asimismo, se detalla que las personas solicitantes tienen enfermedades graves y, si bien, la
mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95 por ciento), un 15 por ciento estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.
En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, ha sido de
67 días de media con una mediana de 54,2 días. De hecho, un 25 por ciento de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud y el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.
Casi la mitad de eutanasias fueron en hospitales
Además, en el informe se subraya que la prestación se realiza de forma preferente en el
ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública. En cuanto al lugar donde se realizó, el 47 por ciento de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44 por ciento se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente. Otro dato curioso es que el número de personas que cambian de opinión, es decir, que
revocan la prestación es mínimo (tres por ciento) y el número de personas que solicitan aplazar la
aplicación de la eutanasia una vez aprobada la solicitud supone un cuatro por ciento del total.
En esta misma línea, el
número de solicitudes denegadas fue del 24 por ciento, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE) correspondientes, fueron estimadas favorables más de la mitad de las reclamadas (58 por ciento). En la mayoría de los casos, se solicita la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario y
un 12,5 por ciento de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.
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