La recién aprobada Ley del Aborto contempla el derecho de todas las mujeres de interrumpir su embarazo de forma voluntaria en
un hospital público. Una garantía que a la hora de hacerla realidad se contempla más complicada debido a las políticas internas de los Servicios de Salud regionales, quienes en su mayoría apuestan por
derivar estas intervenciones a centros privados y concertados para que no afecte a la
saturación propia de los centros públicos.
Esta derivación se refuerza a la hora de contabilizar a los
objetores de conciencia, que en
Castilla-La Mancha suponen la totalidad de los facultativos de los centros públicos. En el resto de comunidades autónomas, la cifra concreta no está disponible debido a que, como destaca la
Comunidad Valenciana “el número de profesionales inscritos en el registro
no es estático, puesto que el derecho se puede ejercer en cualquier momento, tanto para realizar la objeción, como para retirar la misma”.
Desde Extremadura, la cifra de objetores queda también sin revelar debido a que la “ley vigente no lo contempla”, siendo la recopilación de estos datos “una disposición de los
Colegios de Médicos de Extremadura”.
Por su parte,
Cataluña si abre esta información al conocimiento público,destacando las cifras consolidadas de 2020, últimas en registrarse. En ese año, en la Departament de Salut un
23,79 por ciento de los facultativos manifestó ser objetor solo por lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo por petición de la mujer, mientras que un
20,85 por ciento manifestó ser objetor por cualquier causa.
Intervenciones en la privada
En la línea de
Castilla-La Mancha, la mayoría de las regiones optan por derivar las intervenciones de las interrupciones del embarazo voluntarias a centros concertados o privados. Una solución que busca aliviar la presión asistencial “por el
volumen de actividad que estas intervenciones representan, la realización de estas intervenciones en los hospitales públicos dificultaría atender otras prestaciones”, aseguran desde Aragón.
Esta fórmula
no dispensa a los hospitales público de prácticas abortos, pues en todas en todas las regiones se realizan por
urgencias cuando hay riesgo para la vida de la madre.
Así, la opción de e
xternalizar las interrupciones voluntarias del embarazo se viene llevando a cabo desde 2010. Tal y como destacan desde Andalucía “ es una opción que se tomó desde que salió la anterior Ley en 2010”, misma decisión llevada a cabo en
Extremadura. Una derivación a la que las regiones añaden la “mayor intimidad y comodidad” que ofrece a las mujeres.
Aunque mayoritaria, la derivación no siempre se realiza en todos los sistemas sanitarios. Así, en
Galicia, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está
garantizado en todas las áreas sanitarias del Servicio Gallego de Salud
dentro de la atención sanitaria pública. También
Cataluña se apoya en sus centros públicos “garantizando que todas las mujeres tengan acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, a través de las
unidades de atención a la salud sexual y reproductiva (Assir), los hospitales de la red pública y los centros concertados para prestar este servicio, todos ellos atribuidos por todo el territorio”.
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