Las comunidades autónomas elevaron un
5,6 por ciento el gasto público dirigido a la contratación del
personal asalariado a lo largo del 2021 para poder reforzar sus plantillas con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19. Se trata de una de las claves que se desgranan del informe sobre
Ejecución Presupuestaria que ha presentado el Ministerio de Hacienda.“Esta remuneración ha permitido el reforzamiento de los servicios públicos en la pandemia”, ha relatado la ministra del ramo,
María Jesús Montero.
Este incremento del gasto está condicionado por el
aumento de las transferencias económicas que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para hacer frente al coronavirus. En total, se han desplegado
110.538 millones de euros para cubrir los gastos de sanidad, educación o dependencia. Es un
6,6 por ciento más que el dinero entregado en el ejercicio anterior que ya estuvo condicionado también por la pandemia.
La ministra de Hacienda ha dado cuenta también sobre el gasto total destinado para hacer frente a la pandemia que asciende hasta los
33.414 millones de euros, de los cuales
27.232 millones se han entregado tanto a las autonomías como a los ayuntamientos para que atiendan a sus competencias. “8 de cada 10 euros de la lucha contra la pandemia se han traducido en dinero para los ejecutivos autonómicos”, ha apuntado Montero.
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María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública
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En este apartado no se ha tenido en cuenta la inyección económica desencadenada por los
fondos europeos de recuperación tras la pandemia de Covid-19 impulsados por Bruselas. Según las cifras del Gobierno, ya se han puesto a disposición del conjunto comunidades
11.330 millones de euros para cubrir diferentes partidas. Entre ellas, la del área sanitaria.
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Recursos asignados a las comunidades autónomas en 2021. Fuente: Ministerio de Hacienda
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El déficit se reduce al 6,76% en 2021
A pesar del esfuerzo presupuestario para hacer frente al coronavirus, el informe presentado por Hacienda revela una
fuerte bajada en el déficit público, como consecuencia del incremento de los ingresos por la reactivación de la economía y la recaudación de impuestos. El conjunto de las administraciones públicas cerró el año con un déficit de
81.521 millones de euros, lo que representa un
6,76 por ciento del PIB. Son 3,3 puntos por debajo de 2020. El dato se coloca por debajo de lo vaticinado tanto por el Gobierno como por los principales organismos económicos internacionales.
El mayor déficit lo sigue concentrando la
Administración Central que ha acabado el ejercicio en un 5,99 por ciento. Mientras que las
autonomías han alcanzado el equilibrio presupuestario en 2021 gracias a las transferencias procedentes del Estado que han permitido compensar las cuentas. Asimismo,
los ayuntamientos sí que han logrado un saldo positivo en los pasados doce meses del 0,3 por ciento del PIB.
“El Gobierno ha cumplido por primera vez en 10 años las previsiones de ingreso de los
Presupuestos Generales del Estado, algo que nunca logró el Ejecutivo del Partido Popular y que demuestra que
nuestra política presupuestaria es prudente y realista”, ha apostillado Montero.
Las cifras están condicionadas por una
mejora en la recaudación fiscal a través de impuestos clave como el
IRPF y especialmente el de
Sociedades que ha protagonizado un fuerte aumento en 2021. Por el contrario, las arcas han tenido que hacer frente a un agujero de
2.397 millones derivado de las exenciones fiscales sobre la electricidad, las mascarillas o los autónomos aplicadas con carácter urgente.
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María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública
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