El Ministerio de Igualdad prepara una reforma de la ley del aborto en la que quiere incluir la obligación de crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para garantizar que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública. Una cuestión que ha recobrado aún más repercusión cuando los propios datos del Ministerio de Sanidad revelan que tres de cada cuatro abortos en España en 2020 se realizaron en centros extrahospitalarios privados, en concreto el 78,04 por ciento.
Con esta medida, el departamento de Irene Montero tantea una fórmula para, junto con otras medidas, incentivar la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, y tal como habilita la normativa, aprobada en 2010, y que recoge la objeción de conciencia como un derecho individual de los sanitarios, pero que debe hacerse “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”. Sin embargo, tal y como ha podido comprobar Redacción Médica, las comunidades autónomas descartan, por el momento, crear registros de objetores de conciencia y aguardan a la decisión de Sanidad.
Desde la Comunidad de Madrid, que no tienen ningún hospital público que realice la prestación de la IVE, subrayan que ellos “cumplen la ley” y no prevén la creación de ningún registro “porque la ley no lo contempla”. Mientras, la respuesta de las autoridades sanitarias de Cataluña y recogidas por este diario se mantienen en la misma línea. En esta comunidad tampoco existe ninguna inscripción y añaden que “la creación de un registro de objetores es una medida que se está planteando desde el Ministerio de Igualdad para incluirlo en la nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que no está terminada”.
En Andalucía el sistema público no realiza abortos, se hacen el clínicas concertadas desde hace más de 30 años, “por lo que inicialmente no es necesario un registro de objetores”, apuntan desde la Consejería de Salud. Por su parte, Cantabria también carece del mismo, mientras que en Castilla y León “inicialmente no se plantea”. No obstante, “todo dependería de una regulación previa para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, al igual que ha sucedido, por ejemplo, con la eutanasia, si así fuese valorado por el Gobierno de la Nación, competente al respecto”.
Gestión de confidencialidad
Extremadura también aguarda a la decisión de Igualdad. A su vez, desde Navarra el Departamento de Salud explica a este diario que la normativa vigente reconoce el derecho a la objeción de conciencia, “aunque tanto el número de profesionales como su identidad lo gestionan desde la lógica confidencialidad los servicios y centros correspondientes”.
La Región de Murcia desarrolla todo lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo en virtud de la ley. Asimismo, el Plan Integral de Atención a la Mujer (PIAM) recoge en su apartado 5 todo lo concerniente a la Interrupción del Embarazo para garantizar una atención integral a la mujer que la pide.
En este territorio, el Departamento de Salud “realiza el acompañamiento y diagnóstico de todos los casos, al igual que en otras Comunidades”. En este aspecto, hay que señalar que se están abriendo vías para mejorar estas situaciones y desde la Consejería de Salud “se viene trabajando tanto en el PIAM como en los circuitos con los profesionales para proteger al máximo a la dignidad y el respeto a la mujer y al feto”.
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