Las CCAA, contra la Ley de Equidad de Darias: "Vulnera competencias"

A la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) le crecen los enanos. Aún aprobada por el Congreso de los Diputados, la norma por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS, sigue teniendo detractores. Entre las voces más críticas destacan las de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde donde sostienen que no pueden “aceptar un nuevo marco legislativo que puede vulnerar las competencias transferidas y, por tanto, la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, especialmente en términos organizativos y de gestión del sistema sanitario público”.

Desde el departamento que dirige Catalina García, alertan a Redacción Médica que “la limitación a poder complementar la prestación sanitaria concertando con el sector privado no es sostenible para el sistema como lo demuestran los diferentes estudios de cargas de trabajo, disponibilidad de recursos y de sostenibilidad económica que ya están apareciendo en diversos medios”.

A ello hay que sumarle el “daño” que la norma infringiría a la iniciativa empresarial y los puestos de trabajo generados por la sanidad privada. No solo eso, sino que además se produciría una “invasión de la libertad de mercado y elección del ciudadano que confiere equilibrio al sistema, permitiendo la colaboración público-privada”.

En la misma línea se ha posicionado la Comunidad de Madrid, desde donde lamentan que el Gobierno central no haya tenido en cuenta la postura de las comunidades autónomas a la hora de sacar adelante una ley que, entre otros asuntos, cierra la puerta a nuevos copagos, obstaculiza el acceso del sector privado al ámbito sanitario y amplía la asistencia sanitaria universal. 

El propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha expresado que “la voz de las comunidades autónomas debe ser escuchada y tenerse en cuenta, algo que no ha ocurrido en el caso de la ley de equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud”. De hecho, entiende que la nueva norma es “un error mayúsculo que supone un retroceso evidente”. “Es una norma de marcado sesgo ideológico que va a empobrecer la calidad asistencial  y que ataca de forma injusta e intencionada a la sanidad privada".

Por otro lado, desde la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia reconocen que poner trabas a la iniciativa privada en sanidad no es la mejor solución para garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. “Los que conocemos de cerca la gestión de la Sanidad Pública sabemos que a veces son necesarias alternativas para garantizar la atención en tiempo de los pacientes”, explican a Redacción Médica fuentes del departamento.

“Nuestra primera opción es la autoconcertación (se ocupan los propios profesionales del Sergas como horas extraordinarias): pasamos de invertir 9 millones en 2018 a 15 millones en 2022”, argumentan las citadas voces. Pero aun así, para determinadas cirugías, y para pruebas diagnósticas, “si queremos dar una oportuna respuesta a tiempo, no se puede prescindir de la opción de la contratación de servicios externos”, reconocen.

"En sanidad, si queremos dar una oportuna respuesta a tiempo, no se puede prescindir de la opción de la contratación de servicios externos"

Sin embargo, desde Galicia recuerdan que el Sergas destinó en 2021 el 1,37 por ciento de su presupuesto a la derivación de prestaciones sanitarias a hospitales concertados. Mientras, el Gobierno bipartito (compuesto por PSOE y BNG y que gobernó de 2005 a 2009) destinaba el 4 por ciento. “Y es más, aumentó esta partida en un 48% nos sus cuatro años de gobierno, así que, por lo tanto, nuestra apuesta por la atención directa en los centros públicos es clara”.

Desde Castilla y León tampoco comprenden la razón de ser de la Ley de Equidad del SNS. "En España, la equidad se ha conseguido hace años", declaró recientemente el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. "No creo en este país estemos peleando por la equidad en general; la equidad la tenemos conseguida desde hace años", ha asegurado.

La Comunidad de Madrid recurre al Tribunal Constitucional esta nueva normativa al considerar que supone "una intromisión" del Ejecutivo para imponer "un modelo ideológico" en la gestión de la sanidad. Una decisión que ha sido apoyada por la Asociación de Clínicas Privadas madrileñas, además de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que estudiará si jurídicamente la norma infringe la Constitución.

Bajo esta premisa, José Luis Fuertes, abogado especialista en Derecho Constitucional, y exabogado del Estado en el Tribunal Constitucional, alerta de que, a primera vista, la Ley de Equidad "podría invadir competencias autonómicas" en materia sanitaria. En el anteproyecto de la norma, a su juicio, "queda abierto el límite de las competencias, lo cual no es admisible constitucionalmente, al igual que tampoco lo es desde un punto de vista técnico-legislativo constitucional", según ha manifestado en declaraciones a Redacción Médica. En este sentido, explica que el Derecho Constitucional establece que "la competencia del Estado es establecer las bases" de aquello sobre lo que legisla, como es el caso de la sanidad, pero su desarrollo normativo, alerta, "corresponde a las comunidades autónomas".

"Las normas promovidas por el Gobierno, para poder ser constitucionales, tienen que ser básicas, es decir, que deben limitarse a principios generales", explica. Es por eso que "no pueden entrar en cuestiones en detalle o contener expresiones imprecisas". En concreto, la Ley de Equidad, en su anteproyecto, recoge "una regulación restrictiva de la posibilidad de recurrir a la sanidad privada por parte de las comunidades autónomas". Y es que la ley fija que, salvo excepciones justificadas, la sanidad debe ser de gestión pública, restringe los copagos y limita las privatizaciones y los conciertos. "Este tipo de aspectos no se pueden incluir en una ley básica, es decir, que legisla sobre las bases, como lo es esta", sostiene.