Lorena Martínez. Madrid
El pasado 11 de septiembre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba la buena nueva tras su aprobación en el Consejo de Ministros: los funcionarios y personal estatutario de la Administración General del Estado percibirán antes de finalizar este año el 26,23 por ciento de la paga extraordinaria retirada en 2012. Sin embargo, a nivel autonómico permanece vigente una disparidad por la cual solo dos comunidades han oficializado el abono, mientras que cuatro han verbalizado su intención de devolver el importe correspondiente.
Así, Castilla-La Mancha y Galicia han sido las primeras en registrar tal medida a través de la reciente publicación en sendos boletines oficiales. En el primero de los casos, el Gobierno de Page recoge el Acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la recuperación, una vez “evaluada la situación económico-financiera de la Administración de la Junta de Comunidades”.
A pesar de que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, había anunciado que el abono se haría efectivo en la nómina del mes de octubre, el documento no fija una fecha concreta.
Lo mismo ocurre en el caso de Galicia. Firmada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la norma establece que “la remuneración se complementa en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016 con las asignaciones que permiten la recuperación total de la bonificación abolida en 2012”.
A lo largo del próximo ejercicio, la comunidad devolverá el 50 por ciento restante gracias a un desembolso total que asciende a los 200 millones de euros, según ha reconocido el propio responsable autonómico.
Anuncios sin fecha
Por su parte, La Rioja, Canarias, Navarra y Castilla y León han comunicado que seguirán el mismo ejemplo y se espera que la autorización se haga efectiva próximamente. En concreto, tras alcanzar un acuerdo unánime en la Mesa General de Negociación, el gobierno riojano prevé el mes de octubre como fecha para el mandato; mientras que en Canarias se ha detallado que la decisión supone un desembolso superior a los 30 millones de euros.
Bajo el liderazgo de Clavijo, el Consejo de Gobierno de este lunes ha aprobado además conceder a los empleados públicos el derecho al disfrute de los días adicionales de permiso por asuntos particulares y por antigüedad que resultaron mermados como consecuencia de la crisis económica.
El coste para el Gobierno Foral se cifra en 42 millones y previsiblemente no será hasta el mismo mes de diciembre cuando los funcionarios reciban el esperado plus denunciado por los sindicatos del sector. Los mismos que consideran “decepcionante” el ‘plan’ programado por la Junta de Castilla y León, según el cual la devolución del 75 por ciento se dividirá en tres plazos: el primero, antes de que acabe el año en curso, el segundo en abril de 2016 y el tercero en marzo de 2017.
Prórroga hasta 2016
Las autonomías restantes prorrogarán como mínimo hasta 2016 la regresión del pago. Es el caso de Murcia, que alega insuficiencia financiera para compensar a los 50.000 trabajadores públicos de la región en el último trimestre de 2015.
Con respecto a Cantabria, PP, Ciudadanos y Podemos han aprobado una iniciativa parlamentaria en la que instan al Gobierno a abonar la parte proporcional antes del mes de noviembre y la presienta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no moverá ‘hilos’ hasta que de comienzo el próximo año, en el que ha prometido una restitución que afecta de forma directa a 270.000 funcionarios.
Por su parte, autonomías como Asturias, Madrid o Comunidad Valenciana, no han concretado plazo alguno, e incluso, en el caso de la Generalitat, se ha instado al Ministerio de Hacienda a aportar la financiación oportuna para completar el reintegro.
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